La semana pasada, Arcelia Ramírez, reconocida actriz mexicana recibió conmovida la ovación de casi 10 minutos en Cannes, por su actuación en la película «La Civil». En ella retrata a Cielo, personaje basado en Miriam Rodríguez, una reconocida activista mexicana que, tras el secuestro de Karen en Tamaulipas, se dedicó a hacer el trabajo de las autoridades, investigar y a entregar uno a uno de los responsables del crimen que le arrebatara la vida a su hija de 16 años. Ignominiosamente, ello la llevó a morir asesinada en la puerta de su casa un 10 de mayo de 2017. La indignación se despertó con esa noticia y en lo personal me conmovió hasta lo más profundo.
La película galardonada en Francia presenta una de las más dolorosas realidades de México y es reflejo de la violencia e impunidad que se enfrentan cada día. La asombrosa manera en la que Miriam hizo frente a una realidad y que desafortunadamente muchas familias padecen, nos deja claro que el sistema de impartición de justicia tiene muchísimos pendientes y una enorme deuda que atender, y que el crimen organizado sigue siendo una amenaza impune para la población.
Otro botón de muestra es el asesinato de Aranza Ramos, activista integrante del grupo de buscadoras de Sonora «Guerreras» perpetrado una noche antes de que «la Civil» se colgara el galardón. Su nombre se suma al de Miriam, Marisela y tantas otras madres que han dado la vida en esta lucha. Es esta realidad la que llena de terror a las familias en todo el país (con las peores cifras en Veracruz, Estado de México y la CDMX), las desapariciones.
Las organizaciones de madres y familiares de las y los desaparecidos, han tenido un papel clave en el tratamiento de este delicado asunto en el país. Es importante conocer de este activismo, uno de los más desgarradores, que implica buscar entre la zanjas, barrancas y basura, restos humanos –arriesgando y dedican toda su vida–, con el fin de terminar la agonía e incertidumbre de quienes han perdido a alguien.
Ha habido avances a nivel federal, en noviembre de 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición acometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, sin embargo, como declara Karla Quintana, titular, «en muchas ocasiones el avance en materia de implementación de acciones ha dependido de la voluntad política de una u otra autoridad estatal. Hay muchas autoridades que están obligadas y no entregan información para que podamos hacer una búsqueda efectiva y diligente».
Mientras las cifras oficiales de secuestro fluctúan alrededor de 50 por mes, hay organizaciones que estiman que el 51% de estos incidentes no se reportan. Aquí esta la punta de un iceberg que lleva años lacerando al país. Todos los niveles de gobierno, así como la sociedad tenemos que hacer frente a tanto dolor e injusticia.
