Congreso: ¿recuperación o retroceso?
[dropcap]¿[/dropcap]Es un avance o un retroceso la reinstalación de la «Gran Comisión» en el Congreso del Estado? ¿Fue, la Junta de Coordinación Política, efectiva y sirvió para fortalecer procesos parlamentarios realmente democráticos? Ambas instancias legislativas supusieron en su momento, «avances sustanciales» en el ámbito democrático y la necesidad de pluralidad para la creación de consensos. Cuando una sustituyó a la otra, se argumentó que los beneficios serían indiscutibles y se llegó a decir que con la nueva modalidad, quedaban atrás viejos vicios y pretensiones dictatoriales ocultas en el cúmulo de ritos políticos que envilecían la cosa pública.
Hace apenas unos días, Jorge Hernández Vielma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, negó el retorno de la Gran Comisión como rectora de los asuntos en el Congreso y elogió los logros y supuestos avances alcanzados con la Junta de Coordinación que, si bien tuvo sus tropezones, dio la pizca de credibilidad a un Poder Legislativo anquilosado y renuente a buscar nuevas formas de subsistencia política.
Ayer, una semana antes de terminar su periodo y por aquello de no estropear planes acariciados desde hace dos años y medio, el Congreso del Estado en pleno, votó a favor de una (contra) reforma a la Ley Orgánica del Congreso, mediante la cual, se otorga poderes plenipotenciarios a quien deba hacerse cargo de la presidencia de ese organismo en los siguientes tres años.
Para algunos, esto supone un retroceso inadmisible, pues la representación minoritaria, queda aniquilada irremediablemente; para otros, la recuperación de la continuidad procesal dentro de un órgano colegiado, que debía suspender sus pretendidos avances cada seis meses que asumía una dirigencia nueva, un partido distinto.
Lo cierto es que si analizamos objetivamente el trabajo cameral en los últimos años —o más bien, de los últimos tres sexenios— el Congreso del Estado solo ha sido una figura decorativa con dos o tres destellos que han deslumbrado, pero no han convencido a la mayoría de los chiapanecos. Desde que asumió Pablo Salazar en el año 2000, la oposición que tradicionalmente era contestataria, deliberativa, confrontadora y a veces grosera con quienes ostentaban el poder, pasó a ser parte del coro de aduladores que se negó sistemáticamente a proferir una crítica o al menos, a hacer alguna propuesta de independencia de ese Poder. Fue aniquilada.
Desde ése sexenio hasta hoy, no hemos presenciado un solo debate de altura, moralmente aceptable, políticamente digerible. Las sesiones en el Pleno suelen durar, a veces, no más de 20 minutos, en las que los diputados entran prácticamente con la mano en alto, aprobando todas las iniciativas y dictámenes, sin entrar a un periodo de debate, ni siquiera para fingir que legislan. La única diputada que algunas veces subió a la Tribuna a expresar su opinión, por lo menos en la legislatura que ha prácticamente terminado, ha sido Alejandra Soriano, pero no ha tenido eco; a veces, porque exagera, a veces, porque no tienen sustento sus alegatos y a veces, porque acusa sin el menor fundamento.
Desde esa perspectiva, si es Junta de Coordinación Política o Gran Comisión, no tiene ninguna relevancia, puesto que el colegiado, no goza de ninguna libertad parlamentaria real. No tiene la potencialidad para ser un Poder con poder de determinación propia, ni capacidad para servir de claro y necesario contrapeso al Ejecutivo y al Judicial. No es, entonces, el nombre, sino la independencia la que está en juego.
Un Poder Legislativo maniatado, no le sirve al Ejecutivo para efectos de control político y gobernabilidad; una cosa es la colaboración efectiva (aún la afectiva), la cooperación para el desarrollo y otra, la sumisión innecesaria. La credibilidad de los tres Poderes del Estado, se basa en la democracia participativa, la cooperación para el progreso, el diálogo, los consensos y la autodeterminación. No es cuestión que los Poderes se agarren a patadas y trompadas, sino que, en el ámbito, jurisdicción y burbuja de cada quien, cooperen para el beneficio de toda la ciudadanía.
En otras palabras, van a ser los resultados en el futuro inmediato, los que determinen si la nueva modalidad de dirección parlamentaria, es la adecuada o no. Quien quede al frente de ese organismo, deberá tener capacidad para conducir al Legislativo a un terreno en el que se debatan los grandes temas de Chiapas. La deliberación, pero más, el nivel intelectual de ésta; el alto grado de respetabilidad que logren; los consensos e incluso, las discrepancias reales, darán la razón sobre si lo viable, era desechar a la Junta de Coordinación Política, por una dirigencia que por el momento, se antoja inadecuada.
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