Feminicidios y exterminio
Es probable que más de uno, considere una exageración el comparar el exterminio de mujeres en el México actual, con las miles de ellas asesinadas en los campos de concentración nazis; la única diferencia es que bajo las normas criminales de Hitler, prevalecían criterios de selección por razas, creencias religiosas, nacionalidad, ideologías y condición social.
Hasta hace unos años, la mayoría de feminicidios, derivaban de problemas conyugales o de relaciones sentimentales tormentosas cuando no, por asuntos vecinales e incluso, laborales. No obstante, constituyeron un factor de alarma y provocaron la justa demanda social para castigar con ejemplaridad a los asesinos.
Ninguna exigencia prosperó y por el contrario, generó un amplio círculo de impunidad, basado en la corrupción desde Ministerios Públicos, hasta jueces y magistrados que lucraron alevosamente con el martirio de miles de mujeres ultrajadas, maltratadas y asesinadas.
De pronto nos encontramos frente a una epidemia de feminicidios que mutó en endemia y que ha tomado rasgos característicos de un exterminio masivo de mujeres, con un cronicismo verdaderamente alarmante, padecido y visto por todos, menos por las autoridades que insisten en minimizar el asunto y paliarlo con una narrativa que lejos de persuadir a los criminales, los empodera.
El olvido, la humillación y el desprecio, como respuesta institucional a una crisis humanitaria, es otra forma de violentar los derechos de todas las mujeres; el discurso oficial del último año es que no se responderá con violencia a la violencia, lo que fomenta la «confianza» de los feminicidas en un sistema judicial endeble y corrupto, y un gobierno errático que se ha tomado la atribución de proponer una amnistía a «criminales pobres».
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública —que por ser oficiales son poco creíbles—, son desalentadoras; del millón 700 mil delitos cometidos y denunciados en el país de enero a octubre, el 33.7 por ciento, fue cometido contra mujeres. Estos incluyen trata de personas, homicidio culposo, homicidio doloso, feminicidio, extorsión, corrupción de menores, tráfico de menores, lesiones culposas, lesiones dolosas y «otros delitos contra la vida y la integridad corporal y contra la sociedad».
Sigue llamando la atención que, en el caso de los feminicidios, la autoridad siga calificando los hechos como «presunto feminicidio», aun cuando se tienen evidencias irrefutables que establecen claramente su tipificación. He ahí el desprecio gubernamental. ¡No le cree el gobierno a las mujeres!
Según los cálculos del SESNSP, en el mismo lapso, han muerto de manera violenta 5 mil 764 mujeres; de éstos, han sido tipificados como feminicidios, solo 809 casos. La misma fuente especifica que se cometieron 93 mil 760 delitos contra mujeres. Impresionante. Inadmisible. Y eso, sin contar los miles de delitos no denunciados y los que, muy posiblemente, se ocultan deliberadamente para maquillar cifras y mantener la protección al fracaso que han significado las fallidas políticas públicas para solucionar el problema.
Ante ello, persiste el silencio cómplice del gobierno. Muy poco se toca el tema desde la institucionalidad, a no ser que sea para conmemorar una fecha o soltar un discurso medianamente construido.
Pero hay algo mucho más grave y preocupante: la manipulación mediática para contener el reclamo y desvirtuar las acciones de la sociedad para exigir justicia. Curiosamente, cada vez que las mujeres se manifiestan, surgen grupos radicales que causan desmanes que desvían la atención y desatan agrios y virulentos alegatos que no conducen a ninguna parte, sino a la polarización y a un extremismo peligroso.
Mientras las discusiones bizantinas transcurren entre reclamos, amenazas y otras trivialidades, más mujeres siguen siendo asesinadas, secuestradas, vejadas, acosadas, violadas… y violentadas en sus centros de trabajo, aun en dependencias gubernamentales. Solo en Chiapas, dos mujeres se han puesto en huelga de hambre, reclamando justicia, la cual se les ha negado sistemáticamente, para proteger a jefes inescrupulosos y potencialmente peligrosos para la integridad física y moral de las víctimas.
Está claro que la confianza en las autoridades, está rota. Queda la unidad de todos para forzar a un cambio de actitud oficial; la desproporcionada idea de desechar el respaldo de los hombres en la lucha netamente feminista, es desafortunada, como lamentable es, estigmatizar a todos los hombres de «violadores» o «feminicidas». El autoaislamiento, solo contribuirá, no solo a un distanciamiento brutal, sino a robustecer a la impunidad.
Solo volteemos al caso de las dos víctimas en huelga de hambre: las dos han sido violentadas por hombres, sujetos protegidos por dos mujeres con altos cargos en el gobierno. La violencia contra las mujeres, viene de todos lados… Combatámosla juntos.
Transitorio
En el COBACH, muchos trabajadores aplaudirían la destitución de su directora Nancy Leticia Hernández Reyes, a quien acusan de tratar con excesiva prepotencia al personal y de obligarlos a tomar medidas claramente constitutivas de actos de corrupción. ¿La mantendrán en el cargo?
