Avanza encarecimiento de derechos para 2027; oposición exige explicar para qué servirá la mayor recaudación

Hacienda proyecta obtener 177 mil 185.9 millones de pesos por derechos en 2027, 20 mil 104 millones más que este año. El gobierno justifica los ajustes por mayores costos operativos; la oposición reclama que cobrar más debe traducirse en mejores servicios y rendición de cuentas

AquíNoticias Staff

No habrá que llamarlos nuevos impuestos para que algunos servicios, trámites y aprovechamientos federales resulten más caros en 2027.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos, que modifica cobros relacionados con migración, visas, aviación, ferrocarriles, servicios financieros, trámites sanitarios y ambientales, entre otros. La minuta fue enviada al Senado y todavía debe completar el proceso legislativo antes de entrar en vigor.

La precisión importa: jurídicamente, un derecho no es un impuesto. Es el pago que realiza una persona o empresa por determinados servicios del Estado o por usar y aprovechar bienes del dominio público. Pero para quien termina pagando una cuota mayor, la discusión adquiere una dimensión más sencilla: cuánto costará y qué recibirá a cambio.

Ahí está el centro de la disputa.

El gobierno sostiene que no se trata de incrementos indiscriminados. El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, defendió que los ajustes corresponden a servicios y aprovechamientos concretos y buscan acercar las cuotas a sus costos de operación. La explicación oficial también apunta a modernización tecnológica, supervisión y actualización de infraestructura.

La oposición cuestiona otra parte de la ecuación: si el Estado cobrará más, ¿cómo se traducirá esa recaudación en mejores servicios?

La pregunta cobra peso porque la previsión oficial de ingresos por derechos aumenta de 157 mil 81.7 millones de pesos en 2026 a 177 mil 185.9 millones en 2027. Son poco más de 20 mil 104 millones adicionales, un crecimiento de 12.8%. Esa diferencia no puede atribuirse exclusivamente a las nuevas cuotas —la recaudación también depende de actividad, usuarios y otros factores—, pero muestra que este rubro tendrá mayor importancia para las finanzas públicas.

Movimiento Ciudadano resumió la crítica durante la discusión al advertir que un derecho no debería convertirse en un “impuesto disfrazado”. PAN y PRI también cuestionaron que las actualizaciones encarezcan servicios y trámites sin que, a su juicio, exista una mejora equivalente en la atención gubernamental. Morena respondió que buena parte de los aumentos recaerá en visitantes extranjeros, concesionarios, aerolíneas, inversionistas y participantes de mercados regulados, y no de manera generalizada sobre la población.

Los cambios permiten dimensionar el debate.

En aviación se contempla un incremento de 10% en diversos derechos vinculados con el uso del espacio aéreo mexicano. La justificación oficial señala mayores necesidades de mantenimiento, tecnología y seguridad operacional.

Para los concesionarios ferroviarios con más de 15 años de operación, la tasa por el aprovechamiento de infraestructura federal pasará de 1.25% a 3% de sus ingresos brutos. No es un aumento de tres puntos porcentuales, sino de 1.75 puntos; en términos relativos, el cobro crece 140%. Durante los primeros 15 años de nuevas concesiones se mantiene la tasa preferencial de 0.5%.

Los servicios de inscripción, inspección y vigilancia de determinados participantes del mercado de valores tendrán ajustes de alrededor de 16%, mientras que diversos trámites forestales, de vida silvestre y prevención de la contaminación plantean aumentos promedio cercanos a 30%.

En materia consular, determinadas visas se homologan en 1,639.80 pesos. La iniciativa originalmente planteaba llevar a 1,334.80 pesos el derecho aplicable a visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, pero durante el proceso en comisión esa cuota fue modificada y quedó en 1,158 pesos en el dictamen aprobado.

Ese último caso muestra además que no todo el dinero queda sin destino identificado. Para ese derecho migratorio, el dictamen establece que 57% de la recaudación irá a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación.

También hay reducciones y excepciones. El proyecto disminuye algunas cuotas por utilización del espectro radioeléctrico y contempla sacar a 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas del esquema de cobro federal debido a que, según la justificación oficial, en esos sitios resultaba desproporcionado el costo administrativo de cobrar frente a los ingresos obtenidos.

Por eso, presentar la reforma únicamente como un aumento generalizado para todos los mexicanos sería impreciso. Los efectos son distintos según el servicio, actividad o sector involucrado. Algunos cobros recaen directamente en extranjeros; otros, en empresas financieras, aerolíneas o concesionarios; otros sí modifican el costo de trámites públicos.

La discusión crítica está en otro lugar.

El Ejecutivo ha explicado por qué considera necesario actualizar las cuotas: costos de operación, infraestructura, supervisión y modernización. La oposición sostiene que esa explicación no basta y exige saber qué resultados concretos producirán los recursos adicionales.

Porque una cuota puede actualizarse en una ley. La calidad del servicio que pretende financiarse tendrá que demostrarse después.

La Cámara de Diputados ya dio su aprobación y envió la minuta al Senado. Si concluye el proceso legislativo, en 2027 el gobierno cobrará más por diversos derechos. La discusión siguiente será menos jurídica y más sencilla de medir: si también hará más —y mejor— con ese dinero.

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