La palabra que mejor describe lo que está en juego en la Universidad Nacional Autónoma de México no es castigo ni sospecha: es certeza.
Que quien ganó un lugar lo haya ganado por sí mismo, sin soportes artificiales ni atajos, y que quien se quedó fuera sepa que fue por sus propios aciertos y no por los tramposos. Sobre esa base se levanta la confianza en una institución y sin aquella no hay universidad que valga.
Este año, por primera vez, la UNAM aplicó su examen de ingreso a distancia. La decisión tenía razones atendibles y prometía comodidad. Lo que llegó, en cambio, fueron teléfonos encendidos donde no debían estarlo, respuestas que circularon en plataformas de mensajería instantánea y personas que resolvieron pruebas ajenas. Casi 159 mil jóvenes lo presentaron. En cerca del dos por ciento de los exámenes se hizo trampa, y la Universidad los anuló. La comisión que revisó el proceso lo dijo con claridad y recomendó lo que me parece razonable: una prueba de control, presencial.
No se trata de repetir el examen ni de anular lo hecho, sino de comprobar. A quienes ya habían recibido su aviso de selección, y a quienes alcanzaron un puntaje tan alto como el que en años recientes bastaba para entrar, se les convoca de nuevo, ahora bajo vigilancia real, en un salón, con lápiz y reloj. Es lo que la propia convocatoria ya contemplaba.
Sé que a más de uno le sonará injusto. ¿Por qué habría de sentarse otra vez quien estudió meses y ganó su sitio con honradez? La pregunta es legítima y merece respuesta: justamente porque estudió, no debería temer una segunda prueba. Quien sabe, sabe un día y otro también. Son esos jóvenes los primeros interesados en que ningún tramposo se cuele con su credencial.
Cada lugar tomado con engaño es un lugar arrebatado a alguien que hizo las cosas bien. Devolvérselo a quien lo ganó limpiamente es hacer justicia.
Dicho esto, la sensatez de la medida no libera a la Universidad Nacional de sus obligaciones inmediatas. El primero es la claridad. Fechas, sedes, número de versiones del examen y criterios de asignación. Todo eso debe conocerse pronto. Detrás de cada aspirante hay una familia que organizó su vida alrededor de un resultado. Muchos vienen de otras ciudades, y cada día de espera cuesta dinero, empleo y sosiego. Dejarlos semanas en la incertidumbre sería añadir un agravio al que ya ocurrió. La prisa, aquí, es una forma de respeto.
Queda un asunto que el examen de control no alcanza a cubrir. Alguien diseñó un modelo de supervisión que falló. Alguien cobró por vigilar y no vigiló (o lo hizo tarde y mal). La empresa que aplicó la prueba a distancia tiene mucho que explicar, y la Universidad, que la eligió y la pagó, también. No basta con enmendar el resultado; hay que entender por qué fue posible el desorden y qué eslabón, dentro y fuera de Ciudad Universitaria, dejó que ocurriera.
El resultado de esa indagación debe hacerse público y con consecuencias visibles, no archivarse cuando pase el ruido. Fincar responsabilidades es la única forma de que esto no se repita el año entrante. La certeza que hoy se les pide a los aspirantes tendría que exigírsela, antes que a nadie, a sí misma.
La UNAM tomó una decisión difícil y adecuada.
