Chiapas, con funcionarios públicos inhabilitados

El estado presenta una incidencia promedio por año de 1.7 funcionarios públicos inhabilitados, hasta 2019, van cinco casos, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública

Lucero Natarén / Aquínoticias

En Chiapas se han inhabilitado cinco funcionarios públicos del año 2000 a 2019 por actos de corrupción, a nivel nacional, en cuatro años se imposibilitaron 850 funcionarios, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las sanciones respecto a este delito van de dos meses a 88 años en los que están fuera del servicio público, ya sea porque presentaron irregularidades en sus declaraciones patrimoniales o por actos ilícitos de corrupción graves: desvío de recursos, extorsión o soborno.
La entidad presenta una cantidad de cinco casos por negligencia administrativa, la incidencia promedio por año es de 1.7 y el periodo en que se detectaron los casos, y se sancionaron es de 2008 a 2011.
Chiapas es uno de los estados que tuvo las incidencias más bajas, sin embargo, dentro de los delitos del fuero común, en el 2015; se reportaron 216 casos, 2016; 244, 2017; 323, 2018; 360, mientras que, en el 2019 disminuyó a 184 delitos.
Se abrieron cinco expedientes, de los cuales la autoridad sancionada fue la contraloría de estado, los reportes indican un caso en 2008, otro en 2009, y tres casos más en 2011, todos sancionados por inhabilitación (están fuera del servicio público) durante 8.3 y 10 años.
El resolutivo de todos los casos se dará hasta el año 2021. Las causales se derivaron por negligencias administrativas.
Los funcionarios son: Luis Juan Vargas Rodríguez, Enrique Elorza Gómez, Francisco Malpica Ortiz, y Delia Ornelas Pérez (quien fue inhabilitada dos veces) y no podrá asumir cargos públicos hasta el año 2021.
Uno de cada 100 delitos cometidos por servidores públicos entre enero de 2015 y julio de 2019, fue sancionado con la inhabilitación del funcionario a nivel estatal, según datos de la SFP y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sin embargo, en los últimos 19 años hubo 1 mil 074 conductas sancionadas por los gobiernos estatales, que resultaron en la inhabilitación de 850 funcionarios públicos. Puebla y la Ciudad de México encabezan la lista con 298 y 152 registros de inhabilitación, respectivamente.
Es importante resaltar que, todos los casos se descubrieron por quejas o denuncias ciudadanas, por lo que el gobierno federal pide que los casos de corrupción se denuncien.
De acuerdo con el Artículo 16 (fracción III) de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).
«La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la SFP, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades».
Cuando un funcionario público es inhabilitado, puede volver a trabajar en las instancias gubernamentales, una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta. No obstante, cuando la sanción es mayor a 10 años de inhabilitación, «se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la SFP, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia», según el Artículo 13 (fracción V párrafo sexto) de la LFRASP.

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