La segunda sesión de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio revisó informes, avances municipales y rutas de acompañamiento a víctimas directas e indirectas. El reto será traducir la coordinación institucional en respuestas verificables para las mujeres y sus familias
AquíNoticias Staff
Un feminicidio no termina cuando comienza una carpeta de investigación ni cuando un caso llega ante un tribunal. Detrás quedan familias que requieren acompañamiento, responsabilidades que deben esclarecerse y municipios obligados a responder frente a las condiciones de violencia que precedieron al crimen.
Con esa dimensión sobre la mesa, el Poder Judicial del Estado de Chiapas participó en la Segunda Sesión de Trabajo de la Mesa de Atención a Casos de Feminicidio del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
El encuentro se realizó en la Sala de Presidencia de la casa de la justicia y fue encabezado por la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González. También participaron autoridades vinculadas con procuración de justicia, atención a víctimas y políticas de igualdad.
Durante la sesión fueron presentados y evaluados los informes y avances correspondientes a municipios con alerta, particularmente en lo relacionado con la atención a víctimas directas e indirectas de feminicidio.
La revisión incluyó además el seguimiento que deberán realizar los ayuntamientos para cumplir las rutas de acción establecidas y las observaciones formuladas por representantes de la sociedad civil.
Ahí se encuentra uno de los puntos centrales de la mesa: un mecanismo de coordinación sólo adquiere sentido cuando las responsabilidades pueden seguirse desde la reunión institucional hasta el territorio donde deben cumplirse.
El Poder Judicial, encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, participó mediante la directora de Igualdad Laboral y No Discriminación, Miriam Yadira Nájera Pétriz, como parte del trabajo interinstitucional orientado a sancionar y erradicar la violencia feminicida y fortalecer el acompañamiento a las víctimas.
También estuvo presente Jesús Ernesto Molina Ramos, fiscal de Distrito Metropolitano y secretario técnico de la Comisión de Atención.
La información difundida sobre la sesión señala que hubo revisión de avances, rutas de acción y seguimiento municipal. No detalla, sin embargo, cuáles fueron los municipios evaluados, qué compromisos concretos presentan rezagos ni qué indicadores permitirán medir el cumplimiento de las acciones acordadas.
Esa información será relevante para dimensionar los resultados de la mesa más allá de la coordinación administrativa.
En casos de feminicidio, la respuesta pública atraviesa varias instituciones: investigación ministerial, impartición de justicia, protección y acompañamiento de víctimas, atención psicológica y social, así como políticas municipales capaces de reducir factores de riesgo.
Por eso la coordinación importa. También importa saber qué ocurre después.
Cada acuerdo necesita convertirse en una ruta con responsables, plazos y resultados que puedan ser conocidos y evaluados. Para las familias de las víctimas, la diferencia entre una mesa institucional y una política efectiva está justamente ahí: en que el seguimiento no termine cuando termina la sesión.
