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Chiapas y otros 15 estados reprobados en transparencia / Héctor Estrada

Chiapas y otros 15 estados reprobados en transparencia / Héctor Estrada

Aunque son del dominio público las viejas prácticas de “discrecionalidad” con las que se maneja la función pública y la escasa rendición de cuentas, este martes, el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) asignó calificaciones precisas que reprobaron a la mitad de las entidades federativas, incluido Chiapas, en materia de transparencia.
Las reveladoras cifras hicieron oficial un bajo nivel en lo que respecta a la rendición de cuentas, pues reprobaron a 16 entidades y colocaron calificaciones por debajo del 7 a otros 12 estados, dejando en “entredicho” los vanagloriados esfuerzos gubernamentales que parecen no haber logrado los resultados esperados.
Sólo dos estados del país alcanzaron calificaciones aceptables. Se trata de Coahuila, gobernado del Rubén Moreira del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que alcanzó una calificación 9.3; además del Distrito Federal, gobernado por Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que logró una calificación de 8.1, siendo la entidad que más ocasiones se ha mantenido entre los primeros lugares de transparencia.
Entre las entidades con las peores calificaciones se encuentra Hidalgo con 4.5; Baja California Sur con 4.7; Yucatán, Querétaro, Campeche y Guanajuato con 4.9; Tamaulipas, Sinaloa y Estado de México con 5.1; Quintana Roo con 5.2; Tabasco con 5.5; Sonora y Aguascalientes con 5.6; así como San Luis Potosí y Baja California con 5.9.
Chiapas no es la excepción. Nuestra entidad también fue reprobada con una puntuación de 5.4 que la ubicó entre los estados peor calificados, donde los datos dejan en claro que los esfuerzos también han sido insuficientes, muy lejanos a los optimistas estándares de transparencia que tanto se pregonan en los discursos oficiales.
Las calificaciones reprobatorias se debieron en gran medida a que los estados no cuentan con unidades de transparencia, no contempla como sujetos obligados a dar información a todas las entidades de gobierno o porque simplemente no responden a las solicitudes de información que hace la ciudadanía.
El Índice elaborado por Fundar contempló variables como el catálogo de los sujetos obligados y sus obligaciones, el sistema de sanciones, los comités de información y las unidades de transparencia y los procedimientos para presentar una solicitud o un recurso de versión.
El revelador estudio dejó de manifiesto que actualmente sólo el 28% de las leyes estatales cumplen con los estándares establecidos por la reforma constitucional en materia de transparencia de 2007, lo que prueba que los Congresos locales no cumplen con los plazos ni con lo establecido en el país sobre el derecho de acceso a la información pública.
Finalmente, la evaluación de Fundar ha demostrado en cifras la repetida denuncia ciudadana que reclama constantemente la falta de cuentas claras y la impune corrupción que se ampara entre la discrecionalidad de la función pública. Esa es la realidad para las políticas de transparencia en México, donde los hechos aún se encuentran muy lejanos de los óptimos resultados que tanto de vociferan.

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