[dropcap]P[/dropcap]ese a los esfuerzos institucionales de salud reproductiva que promueven el uso de anticonceptivos y las campañas para incentivar la responsabilidad sexual entre los jóvenes, durante los últimos años en Chiapas se ha registrado un incremento en el número de embarazos en adolescentes.
Hace sólo unos días, el director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), Ricardo Iván García Cavazos, reveló que a diario se registran mil nacimientos en adolescentes mexicanas de entre 10 y 19 años de edad, lo que evidencia que México aún tiene severos rezagos para prevenir embarazos tempranos.
Para el especialista, esta problemática significa una de las principales causas de deserción escolar entre los adolescentes, abortos clandestinos y un sinfín de riesgos a la salud que, incluso, terminan convirtiéndose en casos fatales debido a negligencias médicas.
En Chiapas el problema no es menor. Aunque algunos estudios aseguran que la entidad se ubica en el tercer sitio nacional dentro del índice de embarazos en adolescentes, los datos oficiales de la Secretaría de Salud Chiapas colocan al estado en el quinto puesto; lo que igualmente resulta una cifra preocupante.
El propio secretario de salud estatal, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, reconoció un ligero aumento en esta estadística durante los últimos años, además de la disminución de la edad promedio en que los chiapanecos inician su vida sexual, aproximadamente entre los 12 y 14 años, en el nivel educativo de secundaria.
Aunque la reducción en la edad de inicio en la vida sexual es un dato interesante y revelador, lo que resulta verdaderamente preocupante en la evidente falta de una cultura de planificación familiar y responsabilidad sexual entre las nuevas generaciones que, se supondría, deberían estar mejor informadas y preparadas al respecto.
Todo parece indicar que las estrategias de educación sexual en México, específicamente en entidades como Chiapas, no han sido efectivas. Las pruebas son irrefutables, con cifras que se han mantenido en los mismos promedios por años e incluso preocupantes aumentos estadísticos que dejan mucho en qué pensar.
Sin duda son diversos los factores que podrían estar involucrados, más aún en Chiapas cuando en pleno siglo XXI la pobreza, el rezago social, las deficiencias educativas y la retrograda aplicación de los «usos y costumbres» como medio de control social continúan siendo una realidad para miles de pueblos y comunidades indígenas.
De acuerdo a una investigación realizada por el Consejo Nacional de Población (Conapo), actualmente se estima que casi la mitad de los habitantes adolescentes en Chiapas (43.7 por ciento) viven en zonas rurales, donde sólo el cinco por ciento de la población sexualmente activa utiliza preservativos o anticonceptivos en sus prácticas sexuales.
No es necesario arribar a las zonas rurales para constatar la estadística. Sólo basta caminar por las calles de ciudades como Tuxtla Gutiérrez para observar a un nutrido número de jóvenes provenientes de los pueblos del rezago que pese a su corta edad ya cargan a cuestas a más de dos hijos que hoy también forman parte de la escénica que provee el comercio informal.
En un mundo donde las tecnologías de la información son habituales para muchos, en las zonas rurales y las comunidades indígenas de Chiapas el binomio conformado por la pobreza y los embarazos a temprana edad siguen siendo una constante que hace evidente la ineficiencia de las estrategias gubernamentales para hacer llegar a todos una adecuada educación sexual.
Las cifras no sólo demuestran el problema que implican los embarazos no planificados en adolescentes, también denotan el grave riesgo que existe por la propagación de enfermedades de trasmisión sexual tan graves como el papiloma humano en las mujeres o el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
No queda duda. Hoy urge replantear los métodos y estrategias para incidir verdaderamente en los pueblos del rezago, para hacer que la educación en todos los sentidos llegue con la misma calidad a todos los rincones del país.
Porque no se trata de un asunto de «usos y costumbres» como muchos erróneamente argumentan, se trata de un problema social y de salud pública donde se tiene que trabajar a fondo, sin contemplaciones, para garantizar que por fin todos los sectores del país accedan a los estándares internacionales de planificación familiar y, por lo tanto, cuenten mejores oportunidades de desarrollo social.
