Concesionarios de convivencia infantil llevan casi un año sin poder trabajar

A pesar de que todos los negocios, de cualquier giro, se encuentran laborando en la nueva normalidad, incluyendo bares, cantinas y antros, Convivencia permanece cerrado

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

11 meses han transcurrido desde que concesionarios del centro recreativo convivencia infantil se han quedado sin oportunidad de trabajar, pues a pesar de que todas las actividades han retornado a la nueva normalidad, es este espacio público, es el único en la capital del estado, que no ha podido retornar a sus actividades.

Son 50 concesionarios de este centro –la mayoría adultos mayores- que dependen económicamente de las actividades que se ofrecen en este espacio, al ser ellos los que los rentan y dan mantenimiento; sin embargo, hasta la fecha, a casi un año de haber tenido que parar actividades, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, no les da luz verde para reactivarse.

Lo anterior, a pesar de que todos los negocios, de cualquier giro, se encuentran laborando en la nueva normalidad, incluyendo bares, cantinas y antros.

«Es falta de sensibilidad del Ayuntamiento, al no darle trámite a los oficios que hemos metido y que nos tiene en total indefensión, yo consideraría una situación de violencia contra personas de la tercera edad y la mayoría somos mujeres, es un caso de mucha insensibilidad, obedece a que los juzgados federales nos han favorecido con dos amparos», explicó Elena Fausto, concesionaria de convivencia infantil.

Las y los concesionarios han presentado a las autoridades municipales estrategias para poder reiniciar actividades, acatando todas las restricciones de salud, sanitizando los espacios y demás, sin embargo, no han sido escuchados.

Elena Fausto explicó que esto podría tratarse de un tema más allá de la pandemia, ya que ellos son un grupo de 50 concesionarios que administran gran parte de este espacio público, sin embargo, desde el inicio de la actual administración, las autoridades municipales, han querido hacerse cargo al cien por ciento de este espacio y con ello, los ingresos económicos.

«Es una forma de castigarnos porque desde el inicio de esta administración se nos pretendía hacer firmar un convenio que no nos permitían leer, había cosas que eran raras, cuando se hacen las cosas con buena intención y transparencia no deberían ser así.

Ante la imposibilidad de tener un diálogo tuvimos que llegar hasta los tribunales, porque nos cerraban las taquillas para hacernos presión, no nos permitían pagar nuestros derechos y para no hacer en alguna cuestión tuvimos que solicitar un amparo, hasta el momento tenemos dos amparos», indicó Elena Fausto, quien demandó se les permita volver a laborar.

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