Cooperacin, no intervencin / Claudia Corichi

Después del asesinato de 9 de sus integrantes, 6 de los cuales eran niños, la familia Le Barón solicitó al gobierno de Estados Unidos que designe a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas. No se trata, sin embargo, de una solicitud novedosa, pues diversos legisladores estadounidenses han hecho el mismo pedimento en los últimos meses a su gobierno. Además, en marzo pasado el presidente Donald Trump declaró estar considerando seriamente el asunto, lo que pareciera configurarse como una estrategia electoral para conseguir su segundo periodo. No hay que olvidar que Estados Unidos tiende a usar políticamente el tema del terrorismo.
Las consecuencias de esta designación, sin ser exhaustivos, irían desde la negación de visas de entrada a este país para los integrantes de las organizaciones, hasta el congelamiento de sus fondos. Sin embargo, una decisión de esta naturaleza que, hay que decirlo, no requiere de concesos y se daría de forma unilateral, tendría efectos políticos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha señalado que una declaratoria de este tipo posibilitaría una actuación directa de Estados Unidos en nuestro territorio; lo que, sin duda, vulneraría la soberanía nacional y probablemente multiplicaría los problemas.
Es necesario reconocer que la violencia en México está fuera de control desde hace más de una década y las acciones de los distintos gobiernos para detenerla no han tenido los resultados esperados. Aunado a lo anterior, nuestra frontera norte es porosa y se caracteriza por la existencia de redes de corrupción y delincuencia transnacional. A través de esta frontera, por un lado, entran las drogas al país con el mayor número de consumidores del mundo, Estados Unidos, y, por el otro, ingresan a México alrededor de 140 mil armas cada año.
Existe otro fenómeno que ha cobrado mayor intensidad en los últimos años: la migración de personas centroamericanas, incluso africanas, hacia Estados Unidos y su tránsito por el territorio nacional. Esta ola migratoria, representa un reto mayúsculo no sólo para México, que tiene la obligación de garantizar sus derechos humanos, sino también para Estados Unidos que en la práctica ha endurecido su política de refugio. Todo esto, junto a la violencia e inseguridad representa un peligroso caldo de cultivo.
La mascre de la familia Le Barón, con doble nacionalidad, visibiliza problemas trasfronterizos que configuran un escenario muy complejo, atiborrado de riesgos e intereses divergentes. Quizá es momento de pensar en alternativas de cooperación regional que impliquen no ceder soberanía, pero que permitan efectivamente dar solución a los problemas de seguridad como un asunto global.