El organismo empresarial pidió que las reformas fiscales, ambientales, judiciales, laborales y tecnológicas del próximo periodo legislativo se discutan con análisis técnico y certeza jurídica. Según DataCOPARMEX, el ánimo para invertir cayó 16.5 puntos porcentuales en un año
AquíNoticias Staff
El próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión abrirá una agenda con efectos directos sobre empresas, inversión, empleo y regulación. Frente a ese escenario, la COPARMEX pidió a diputadas y senadores evitar decisiones apresuradas y someter las reformas de mayor alcance a análisis técnico, diálogo público y evaluación de sus costos.
La preocupación empresarial parte de un dato que el organismo considera una señal de alerta: apenas 23% de sus socios considera que actualmente es un buen momento para invertir en México, el nivel más bajo desde que comenzó a medir ese indicador. La cifra representa una caída de 16.5 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Dentro de los obstáculos reportados por sus afiliados, la incertidumbre política representa 16.6% y aparece como el tercer factor que más condiciona las decisiones de inversión, de acuerdo con DataCOPARMEX.
Con esos números como contexto, el organismo planteó que el Congreso enfrentará durante los próximos meses decisiones que pueden modificar costos, obligaciones y condiciones para hacer negocios en México.
Uno de los primeros focos estará en el Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal 2027. COPARMEX rechazó posibles modificaciones que, desde su perspectiva, eleven innecesariamente la carga de las empresas, encarezcan la formalidad o reduzcan los incentivos para invertir.
La organización también puso atención sobre las reformas relacionadas con propiedad intelectual y derechos de autor, particularmente por sus posibles efectos sobre proveedores de internet y empresas vinculadas con el ecosistema digital. Su planteamiento es que la protección de los derechos intelectuales debe convivir con condiciones que permitan inversión e innovación tecnológica.
Otro frente será la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En este punto, COPARMEX sostuvo que la protección ambiental debe acompañarse de reglas claras, trámites previsibles y menor discrecionalidad administrativa, y pidió que la discusión incorpore mecanismos de Parlamento Abierto con participación empresarial.
La organización dirigió una advertencia particularmente fuerte hacia los cambios a la Ley de Inversión Extranjera. Consideró que someter inversiones superiores al 49% en sectores estratégicos al escrutinio de instancias de seguridad, introducir la negativa ficta ante el silencio administrativo y establecer sanciones de hasta 200 mil UMA podría generar nuevos obstáculos burocráticos y afectar la certidumbre alrededor del nearshoring.
La afirmación corresponde a la valoración de COPARMEX y deberá contrastarse durante la discusión legislativa con el contenido definitivo de la reforma, sus objetivos de seguridad nacional y los compromisos internacionales asumidos por México.
La regulación de la inteligencia artificial será otro de los asuntos que el sector privado seguirá de cerca. El organismo reconoce la necesidad de establecer protecciones y certezas, pero considera que las nuevas reglas deberán evitar barreras que frenen la adopción tecnológica y el desarrollo de nuevas soluciones empresariales.
La agenda también toca asuntos que van más allá de la regulación estrictamente económica.
En materia de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, COPARMEX pidió que los procesos de consulta y participación tengan reglas, plazos y procedimientos definidos. Su postura es que debe garantizarse el ejercicio de derechos colectivos sin generar incertidumbre sobre proyectos de inversión y desarrollo regional.
También expresó reservas sobre propuestas laborales como la ampliación del periodo de lactancia hasta los 24 meses en empresas con más de 50 trabajadores, al considerar necesario evaluar su viabilidad operativa y sus efectos en los centros de trabajo.
En materia de transporte, pidió que cualquier regulación sobre traslado de menores considere las condiciones reales de las empresas del sector y evite imponer obligaciones que resulten desproporcionadas.
El segundo gran bloque de preocupaciones está relacionado con el Estado de derecho.
COPARMEX pidió que las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial fortalezcan la especialización, evaluación y transparencia de quienes integran el Poder Judicial, al considerar que la confianza institucional tiene consecuencias directas sobre las decisiones empresariales.
También solicitó seguir de cerca la legislación secundaria sobre intervención extranjera, para evitar —según su planteamiento— que las nuevas disposiciones puedan utilizarse políticamente para cuestionar candidaturas o resultados electorales.
El organismo incluyó además el pendiente de la vacante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras la salida de Mónica Soto. Su posición es que el nombramiento debe recaer en un perfil técnico, con experiencia electoral y sin identificación partidista.
La agenda dibujada por COPARMEX muestra que el debate empresarial sobre el próximo periodo legislativo ya no se concentra exclusivamente en impuestos. Abarca justicia, regulación ambiental, tecnología, relaciones laborales, inversión extranjera, elecciones y derechos colectivos.
El argumento central del organismo es que cada nueva obligación debe medirse también por sus efectos prácticos, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que suelen tener menor capacidad financiera y administrativa para absorber cambios regulatorios.
COPARMEX pidió además presupuestos suficientes para instituciones como el Instituto Nacional Electoral y las fiscalías, así como atención a los nombramientos pendientes en el Tribunal Electoral.
El Congreso tendrá, por tanto, una discusión de doble dimensión: definir hasta dónde debe avanzar la regulación en áreas que requieren nuevas reglas y, al mismo tiempo, evitar que esas reglas generen costos, incertidumbre o barreras mayores a los beneficios que buscan producir.
Con apenas 23% de empresarios afiliados viendo condiciones favorables para invertir, COPARMEX quiere que ese balance forme parte de la discusión legislativa.
