La organización empresarial respaldó la transparencia, las defensorías y la accesibilidad, pero pidió revisar conceptos y sanciones de los lineamientos que permanecen en consulta hasta el 21 de agosto
AquíNoticias Staff
¿Hasta dónde debe llegar una autoridad cuando protege a quienes ven televisión o escuchan radio? Ese es el punto de tensión que COPARMEX llevó a la Cámara de Diputados en medio de la discusión nacional sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
La Confederación sostuvo que proteger a las audiencias y preservar la libertad de expresión no son objetivos enfrentados. Su preocupación aparece cuando una autoridad administrativa puede entrar a valorar si una información es verdadera, está suficientemente contextualizada o cumple determinados criterios sobre su contenido.
La postura fue presentada por Armando Zúñiga Salinas, vicepresidente nacional de Comunicación de COPARMEX, durante un foro organizado en la Cámara de Diputados.
Derechos para las audiencias, pero también límites para el regulador
COPARMEX no planteó eliminar la regulación.
Respaldó expresamente mecanismos para que las audiencias puedan exigir sus derechos, así como mayor transparencia, una diferenciación clara entre información y publicidad, accesibilidad para personas con discapacidad, códigos de ética y defensorías independientes.
El punto de desacuerdo está en quién juzga el contenido y bajo qué criterios.
“Cuando una autoridad comienza a calificar contenidos editoriales, deja de proteger las condiciones del debate público y corre el riesgo de intervenir directamente en él”, sostuvo Zúñiga.
Ese planteamiento lleva la discusión más allá de los medios de comunicación. También toca al ciudadano: una cosa es tener mecanismos para reclamar cuando sus derechos como audiencia son vulnerados y otra que una institución gubernamental determine qué interpretación periodística resulta aceptable.
¿Qué está proponiendo la autoridad?
Los lineamientos están todavía en consulta pública, por lo que no constituyen un texto definitivo.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió el proceso el 27 de julio y recibirá observaciones hasta las 23:59 horas del 21 de agosto de 2026. La propia Comisión señala que el propósito es recibir opiniones sobre los mecanismos mediante los cuales televidentes y radioescuchas podrán ejercer sus derechos ante los medios de comunicación.
Por eso, el debate no gira únicamente alrededor de la libertad de los medios. También involucra la capacidad de las personas para exigir transparencia, distinguir contenidos comerciales, acceder a mecanismos de defensa y reclamar ante posibles incumplimientos.
La pregunta está en cómo garantizar esos derechos sin trasladar a una autoridad la facultad de decidir qué debe decirse o cómo debe interpretarse una información.
Las palabras que pueden abrir la puerta a la discrecionalidad
COPARMEX puso especial atención en conceptos como “veracidad”, “información falsa” e “información descontextualizada”.
No cuestionó que la información periodística deba responder a estándares profesionales. Su objeción es otra: si esos conceptos forman parte de un régimen sancionador, deben contar con definiciones suficientemente precisas para evitar interpretaciones discrecionales.
La Confederación también advirtió sobre las sanciones económicas. A su juicio, combinar multas relevantes con criterios subjetivos podría generar un incentivo para evitar investigaciones sensibles, asuntos polémicos o posiciones críticas por temor a una sanción posterior.
El efecto que teme COPARMEX tiene un nombre conocido en periodismo: autocensura.
No ocurre necesariamente porque alguien ordene callar una información. Puede aparecer cuando el costo potencial de publicarla hace que un medio, periodista o editor prefiera no asumir el riesgo.
El ciudadano tampoco puede quedar fuera
Uno de los argumentos centrales de la organización empresarial fue que defender la autonomía editorial no significa dejar desprotegida a la audiencia.
COPARMEX pidió mantener y fortalecer las Defensorías de las Audiencias, garantizar su independencia, establecer procedimientos claros y asegurar que cualquier sanción sea gradual, proporcional y previsible.
Ahí está uno de los puntos de encuentro posibles: una audiencia con derechos necesita herramientas para reclamar; una prensa libre necesita reglas que no conviertan la discrepancia editorial en una infracción administrativa.
La discusión, por tanto, no tendría que resolverse escogiendo entre ciudadanía y medios.
Una regulación que todavía puede cambiar
La consulta permanece abierta hasta el viernes 21 de agosto. Esto significa que los lineamientos todavía pueden recibir observaciones y modificaciones antes de su versión definitiva.
COPARMEX adelantó que dará seguimiento al proceso y, en caso de considerarlo necesario, recurrirá a vías institucionales y jurídicas para defender la libertad de expresión y la autonomía editorial.
La discusión de fondo seguirá después de la consulta: cómo proteger a quien recibe información sin entregar al poder público la última palabra sobre el contenido de esa información.
Ese equilibrio importa tanto para los medios como para sus audiencias. Porque ejercer un derecho también supone poder escuchar distintas versiones, contrastarlas y decidir por cuenta propia.
