Las labores de inteligencia y de preservación de la seguridad nacional no pueden dejarse de hacer por ningún gobierno al interior de sus fronteras como fuera de ellas. Estas actividades resultan vitales para identificar amenazas que pongan en riesgo al Estado mismo. Pero en esas tareas, pueden ponerse en condición de vulnerabilidad los datos personales de la ciudadanía en general.
Las fuerzas armadas como agencias civiles realizan labores de acopio de información (desde asuntos vinculados a las capacidades militares de otros países hasta datos de aficiones, negocios y gustos de objetivos clave, pasando por las rutas aéreas, marítimas y terrestres del crimen) que después son interpretadas por analistas y el resultado, si es el caso, es presentado a la autoridad para advertirle sobre algún peligro y resuelva en consecuencia. En épocas pretéritas, dicho acopio se hacía con escuchas, infiltrados u «orejas»; hoy, sólo se requiere encender un teléfono celular. Pero hay una distancia entre las tareas de inteligencia y de contrainteligencia –aceptadas, reconocidas y necesarias en las democracias– y el espionaje burdo.
Pegasus es el nombre de un programa comercializable legalmente diseñado para combatir a la delincuencia y al terrorismo, aunque también ha sido empleado con fines ilegítimos e ilegales: espiar a propios y a extraños, a amigos y a enemigos.
Los resultados de una investigación internacional informan que más de 50,000 teléfonos móviles, propiedad de gobernantes, periodistas, activistas, académicos, y miembros de la sociedad civil fueron infectados con ese malware que accede al contenido del dispositivo (imágenes, notas de texto, mensajes, audios, etc.), e informa a un tercero su geolocalización en tiempo real sin que el dueño o dueña lo manipule. Como si fuera una novela, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha cambiado de teléfono ante el riesgo de que su aparato telefónico haya sido infectado.
En México, la revelación de quiénes fueron espiados y el número de 15,000 teléfonos sometidos a vigilancia en años anteriores ha generado una discusión sobre el derecho a la privacidad, por supuesto, y también, como era de esperarse, sobre las acciones del gobierno que compró ese programa (aunque no se puede asegurar que algún otro grupo no gubernamental haya tenido acceso también al programa). Cuando un gobierno se olvida de los derechos civiles y se mete hasta la cocina de una persona para saber todo sobre ella, se clausura su vena democrática y aparece su faz autoritaria.
¿Para qué espiar? Para obtener información. ¿Para qué se quiere esa información? Para usarla en el momento propicio, generalmente, para orientar la acción de una persona o de un grupo en contra de su voluntad; aunque, también esos datos pueden tener otras finalidades: secuestros o asesinatos. Las personas dedicadas a la política saben que existen transacciones. Do ut des (doy para que des). Esa es la esencia de los pactos. Entonces, que la política sea de pactos éticos. ¿Quimera? Tal vez. Lo cierto es que algunos practicantes de la política están nerviosos pensando en lo que podría «filtrarse», en el mejor de los casos.
En un mundo hiperconectado, en donde mucha gente brinda información –incluso sensible, a veces por ignorancia de lo que están haciendo– de forma permanente, las labores de recolección de información para los gobiernos se han facilitado –si Google Earth ofrece a quien lo desee una imagen de cualquier domicilio en el mundo–, ¿qué se puede obtener con tecnología más sofisticada?
Si usted no quiere ser objeto de intervenciones en sus aparatos tecnológicos, no sólo apáguelos, no tenga uno, pero esa no es la solución. La cuestión es si la ciudadanía ha otorgado su aquiescencia al representante del poder público para que lleve a cabo estas prácticas y use estos programas, sin que medie un razonamiento serio y con la ausencia del aval de la autoridad judicial.
¿Cuál es el límite entre seguridad y privacidad, entre Estado de Derecho y razón de Estado en un momento en el cual distintos grupos de tamaño e intereses diversos le disputan la hegemonía al propio Estado?
