El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió un debate necesario, pero políticamente delicado: regular el uso de plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial entre niñas, niños y adolescentes
AquíNoticias Staff
La discusión tiene una base legítima. Las plataformas explotan datos personales, diseñan mecanismos para prolongar la atención, exponen a menores a violencia, desinformación y contenido perjudicial, y pueden alterar el descanso, la convivencia familiar y la concentración escolar.
El problema comienza cuando la palabra regulación engloba demasiadas cosas: limitar celulares dentro de las escuelas, restringir horarios, verificar edades, modificar algoritmos, controlar publicidad, impedir el acceso a determinadas plataformas o decidir qué contenidos pueden mirar y compartir los menores.
No son medidas equivalentes. Tampoco producen los mismos efectos sobre la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información.
El gobierno convoca, define el tema y anticipa el destino
La presidenta anunció tres foros regionales: el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero. Las conclusiones servirán para integrar una propuesta que será enviada al Congreso de la Unión.
Sheinbaum asegura que no pretende imponer una idea gubernamental y que la propuesta debe surgir del consenso. Sin embargo, el proceso nace desde el Ejecutivo, tiene un calendario elaborado por el gobierno y parte de una finalidad previamente definida: producir algún esquema de regulación.
Eso no invalida los foros, pero obliga a formular la primera pregunta política:
¿Quién pidió formalmente esta regulación?
El comunicado oficial no identifica una petición ciudadana, una consulta previa, una recomendación vinculante o una demanda concreta de las comunidades escolares que haya originado el proceso. Presenta evidencia, preocupaciones familiares y tendencias internacionales, pero la agenda fue colocada desde el poder.
La consulta podrá corregir esa verticalidad únicamente si la sociedad participa en la definición del problema y no solo en la validación de una solución previamente encaminada.
¿Siguen siendo las “benditas redes”?
La expresión no es ajena al actual gobierno. En octubre de 2025, la propia presidenta elogió las “benditas redes sociales” porque permiten una comunicación directa entre gobernantes y sociedad.
El cambio de enfoque no constituye, por sí mismo, una contradicción. Es posible reconocer la capacidad democratizadora de las redes y, al mismo tiempo, atender los riesgos que enfrentan las infancias.
La memoria política, sin embargo, resulta inevitable. Las plataformas suelen ser celebradas cuando permiten al poder evitar intermediarios, difundir su narrativa y movilizar simpatías. Se vuelven problemáticas cuando también amplifican críticas, sátiras, investigaciones, inconformidades y formas de organización que el gobierno no controla.
Por eso la regulación necesita límites particularmente claros. No basta con que la autoridad afirme que sus intenciones son protectoras. Debe construir un sistema que tampoco pueda ser utilizado con fines de censura por gobiernos posteriores.
Prohibir celulares en clase no equivale a regular contenidos
Sheinbaum señaló que 16 entidades ya cuentan con restricciones al uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica. En el ámbito internacional, la Unesco reporta que 114 sistemas educativos, equivalentes al 58 por ciento de los países, han adoptado prohibiciones nacionales sobre teléfonos en planteles.
Estas cifras ofrecen un antecedente sobre disciplina escolar, pero no justifican automáticamente una legislación sobre plataformas, inteligencia artificial o contenidos digitales.
Una escuela puede establecer que los celulares permanezcan guardados durante una clase para evitar distracciones. Esa medida es distinta de ordenar a una plataforma qué publicaciones debe ocultar, qué opiniones puede recomendar o qué información puede consultar un adolescente desde su casa.
El discurso oficial está mezclando, hasta ahora, al menos cuatro discusiones:
- Uso de teléfonos dentro de las escuelas.
- Tiempo de exposición frente a pantallas.
- Diseño adictivo y tratamiento de datos por las plataformas.
- Acceso, producción y circulación de contenidos.
Mientras esos campos permanezcan confundidos, la regulación será susceptible de interpretaciones expansivas.
Jóvenes conectados, no necesariamente domesticados
En 2025, el 86.1 por ciento de la población mexicana de seis años o más utilizó internet. Entre las personas de 15 a 24 años, el porcentaje llegó a 97.6 por ciento.
La conexión no equivale automáticamente a información de calidad. Una persona puede pasar varias horas en línea y permanecer encerrada en desinformación, publicidad encubierta o burbujas algorítmicas.
Pero esa conectividad sí modifica la relación entre juventud y poder. Las nuevas generaciones contrastan versiones, graban abusos, producen sátira, discuten decisiones públicas y cuestionan discursos oficiales sin depender completamente de medios, partidos o instituciones.
No necesariamente están mejor informadas en todos los asuntos; están menos sometidas a una sola narrativa.
La respuesta democrática no debería consistir en reducir esa autonomía, sino en fortalecer la alfabetización mediática, digital y algorítmica para que puedan distinguir evidencia, propaganda, manipulación y opinión.
Los menores deben participar, no servir de argumento
Los foros anunciados contemplan la participación de madres, padres, docentes, especialistas, instituciones educativas y autoridades. Sin embargo, la pregunta central es cuánto poder tendrán las propias niñas, niños y adolescentes dentro del proceso.
La legislación mexicana reconoce su derecho a expresar opiniones y a que estas sean tomadas en cuenta en los asuntos que les afectan directamente. Los estándares internacionales también establecen que sus derechos a buscar, recibir y difundir información deben protegerse en el entorno digital.
Una consulta sobre juventudes en la que los jóvenes solo aparezcan como sujetos vulnerables y no como ciudadanos con voz reproducirá una forma adulta de tutela política.
No basta con invitarlos a una mesa simbólica. Deben conocerse:
- Cuántos participarán.
- Cómo serán seleccionados.
- De qué edades y regiones provendrán.
- Cómo se incorporarán sus propuestas.
- Qué ocurrirá con las opiniones contrarias a una prohibición.
¿Quién cuidará los resultados?
El principal riesgo no está únicamente en lo que ocurra durante los foros, sino en la manera en que sus resultados sean sistematizados.
Una consulta dirigida y procesada por la misma autoridad interesada en promover una reforma puede terminar concluyendo exactamente aquello que el gobierno esperaba encontrar: que la población “pidió” regular.
Para evitar una consulta de legitimación, el proceso necesita un protocolo público:
- Convocatoria abierta y reglas conocidas con anticipación.
- Registro de participantes y sectores representados.
- Publicación íntegra de ponencias, intervenciones y relatorías.
- Metodología para convertir opiniones en conclusiones.
- Separación entre evidencia científica y preferencias políticas.
- Informe de posturas mayoritarias y minoritarias.
- Comité independiente que audite la sistematización.
- Publicación del anteproyecto antes de enviarlo al Congreso.
- Evaluación de impacto sobre libertad de expresión y privacidad.
- Mecanismo para recibir observaciones al texto definitivo.
El consenso no puede medirse por aplausos, número de asistentes o formularios con preguntas orientadas. Tampoco puede fabricarse excluyendo a quienes adviertan riesgos de censura.
Los padres tienen responsabilidad, pero no toda la responsabilidad
Madres, padres y tutores deben establecer horarios, acompañar el consumo digital, conocer las aplicaciones y construir acuerdos familiares. Su función es indispensable.
Pero trasladarles toda la carga sería funcional para las empresas tecnológicas.
Una familia no puede auditar por sí sola un algoritmo, impedir la recopilación masiva de datos, modificar sistemas de recomendación, detener publicidad dirigida a menores o eliminar mecanismos diseñados para prolongar compulsivamente el tiempo de uso.
La responsabilidad debe distribuirse:
- Las familias acompañan y establecen límites proporcionales.
- Las escuelas organizan el uso pedagógico de los dispositivos.
- Las plataformas modifican diseños y protegen datos.
- El Estado fija obligaciones, supervisa y garantiza derechos.
- Los menores participan de acuerdo con su autonomía progresiva.
El papel de los padres no desaparece con la regulación. Tampoco puede utilizarse para eximir al Estado y a las empresas.
La censura todavía no es un hecho; es un riesgo que debe cerrarse
Hasta ahora no existe un proyecto legislativo público derivado de estos foros. Por ello, afirmar que el gobierno ya censurará contenidos sería anticipar una conclusión que todavía no puede demostrarse.
La preocupación es institucional: una regulación vaga puede crear herramientas que después sean empleadas para retirar publicaciones, reducir su alcance o condicionar el acceso a información incómoda.
La Constitución prohíbe la censura previa y protege la difusión de ideas. La Suprema Corte ha sostenido que cualquier limitación a la libertad de expresión debe establecerse mediante una ley previa, clara, precisa y taxativa.
La futura iniciativa tendría que descartar expresamente:
- Categorías ambiguas como “contenido inconveniente” o “información negativa”.
- Órdenes administrativas de eliminación sin control judicial.
- Bloqueos generales de plataformas.
- Castigos por opiniones políticas.
- Vigilancia masiva de conversaciones.
- Verificaciones de edad que recopilen datos excesivos.
- Moderación secreta solicitada por autoridades.
- Ausencia de mecanismos de apelación.
Regular el diseño, no domesticar el debate
Una política eficaz debería concentrarse primero en las estructuras que producen riesgos, no en las opiniones que circulan.
Podría exigir a las empresas:
- Privacidad reforzada por defecto para menores.
- Prohibición de publicidad basada en perfiles infantiles.
- Límites a la reproducción automática y desplazamiento infinito.
- Desactivación nocturna de notificaciones persuasivas.
- Transparencia sobre sistemas de recomendación.
- Acceso de investigadores independientes a datos auditables.
- Canales rápidos para denunciar violencia y explotación.
- Sistemas de verificación de edad respetuosos de la privacidad.
- Evaluaciones periódicas del impacto de sus productos.
La Unesco sostiene que las restricciones tecnológicas deben acompañarse con educación digital y advierte que la tecnología puede distraer o perjudicar cuando se introduce sin propósito pedagógico claro.
El debate, entonces, no debe reducirse a una falsa elección entre dejar a los menores indefensos o entregar al gobierno la capacidad de decidir qué pueden mirar.
La pregunta democrática es otra: ¿cómo protegerlos sin convertir su protección en una puerta para controlar la conversación pública?
El gobierno asegura que no habrá imposición. Ahora deberá demostrarlo con reglas, contrapesos y resultados que no estén escritos antes de que comiencen los foros.
La tesis crítica
La discusión es legítima, pero el procedimiento todavía nace desde arriba: el gobierno convoca, define el problema, fija las fechas y anuncia que el resultado será una propuesta legislativa.
La prueba de apertura no estará en cuántas personas asistan, sino en si el Ejecutivo acepta conclusiones que contradigan su planteamiento inicial.
Lo que debe responder el foro de Chiapas
- ¿Qué se regulará: dispositivos, diseño algorítmico, acceso o contenidos?
- ¿Quién solicitó formalmente la reforma?
- ¿Participarán adolescentes y organizaciones de derechos digitales?
- ¿Se publicará la metodología completa?
- ¿Habrá observadores independientes?
- ¿Cómo se registrarán las posturas contrarias?
- ¿Quién redactará la iniciativa?
- ¿La propuesta será sometida a consulta antes de llegar al Congreso?
- ¿Qué autoridad supervisará a las plataformas?
- ¿Existirá control judicial sobre cualquier retiro de contenido?
- ¿Cómo se protegerán los datos usados para verificar edades?
- ¿Qué responsabilidades asumirán empresas, familias y escuelas?
Datos destacados
- Los foros se realizarán el 19 de agosto en Nuevo León, 3 de septiembre en Chiapas y 17 de septiembre en Guerrero.
- En 2025, 86.1 % de la población de seis años o más utilizó internet en México.
- Entre jóvenes de 15 a 24 años, el uso llegó a 97.6 %.
- La Unesco registra 114 sistemas educativos con prohibiciones nacionales de celulares en escuelas.
- La ley mexicana reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a opinar sobre los asuntos que los afectan.
