Sheinbaum planteó proteger a menores del uso excesivo de plataformas, pero su exposición avanzó hacia otro problema: dinero opaco, bots e inteligencia artificial capaces de amplificar contenidos e influir en la opinión pública. El debate será cómo contener la manipulación sin entregar al gobierno la facultad de decidir qué es verdad
AquíNoticias Staff
La discusión comenzó con un problema difícil de negar: niñas y niños expuestos durante horas a plataformas digitales, teléfonos celulares y algoritmos diseñados para retener su atención. Pero cuando Claudia Sheinbaum desarrolló su posición sobre una eventual regulación de redes sociales e inteligencia artificial, el asunto dejó rápidamente el terreno infantil y entró de lleno a otro espacio: la disputa por quién construye la conversación política rumbo a 2027.
La presidenta fue cuestionada sobre el dinero que puede utilizarse para financiar campañas de desinformación en redes. Su respuesta colocó en el centro los recursos destinados a fabricar, amplificar y distribuir contenidos falsos, mensajes de odio y operaciones digitales capaces de influir en gobiernos, partidos y procesos electorales.
Según explicó, una publicación puede ser detectada por sistemas de inteligencia artificial, retomada por cuentas con capacidad de amplificación y después multiplicada mediante redes de bots hasta generar cientos de miles de menciones en pocas horas. Sheinbaum habló incluso de casos que podrían llegar a 500 mil publicaciones en tres horas. Es una cifra expuesta por la propia mandataria y que, en el material disponible, no viene acompañada de evidencia técnica independiente que permita verificarla.
Ahí aparece el verdadero centro político de su planteamiento.
Sheinbaum sí habló de niñas, niños, adicción digital, aprendizaje y uso de teléfonos celulares en las escuelas. Incluso sostuvo que, en su opinión, los dispositivos no deberían utilizarse en los planteles y propuso que los consejos técnicos escolares participen en esa discusión. Sin embargo, ella misma presentó ese asunto como “la primera parte” y regresó inmediatamente a la necesidad de debatir una regulación de la inteligencia artificial y su utilización política en redes sociales.
La preocupación presidencial ya no era entonces solamente cuánto tiempo pasa un menor frente a una pantalla. Era quién paga para amplificar mensajes, quién fabrica artificialmente tendencias y hasta qué punto esas operaciones consiguen transformar una versión en percepción pública.
El momento tampoco es menor. México se dirige hacia las elecciones intermedias de 2027 y la propia pregunta periodística que detonó la respuesta colocó ese proceso como contexto. Sheinbaum sostuvo que las operaciones digitales pueden utilizarse para intervenir en elecciones y afectar a gobiernos o movimientos políticos.
El problema que identifica existe como desafío democrático: financiamiento opaco, cuentas automatizadas, publicidad política encubierta, contenidos sintéticos y redes coordinadas pueden distorsionar la conversación pública. La inteligencia artificial reduce además el costo y el tiempo necesarios para producir imágenes, videos, audios y mensajes falsos a gran escala.
Pero el discurso presidencial introduce otra dificultad.
Sheinbaum pasó de hablar de estructuras automatizadas y campañas financiadas a cuestionar directamente contenidos periodísticos y columnas que considera mentirosos. Mencionó a periodistas por nombre y rechazó versiones sobre supuestas diferencias entre ella y Andrés Manuel López Obrador o sobre acuerdos para distribuir candidaturas dentro de Morena.
Ese tránsito es políticamente relevante porque una operación coordinada de desinformación y una interpretación periodística equivocada, tendenciosa o incluso abiertamente crítica no son la misma cosa.
Regular la primera puede proteger la deliberación democrática. Pretender regular la segunda abre un problema completamente diferente: quién tendría autoridad para establecer qué interpretación es válida, qué opinión rebasa una frontera y cuándo una falsedad deja de ser asunto del debate público para convertirse en materia de intervención estatal.
Por eso la discusión que acaba de abrirse no puede reducirse a estar a favor o en contra de regular las redes.
Una legislación podría exigir transparencia sobre quién paga publicidad política, identificar contenido producido artificialmente, hacer visibles campañas coordinadas, establecer obligaciones para plataformas y revelar operaciones financiadas desde el extranjero. Son mecanismos orientados a conocer quién intenta influir y con qué recursos.
Otra cosa sería construir una autoridad con capacidad para decidir qué información puede circular porque el gobierno considera que una versión es falsa.
La diferencia es sustancial.
En el primer caso se regula la opacidad del mecanismo. En el segundo podría terminar regulándose el contenido de la conversación.
Sheinbaum reconoció esa frontera al señalar que cualquier regulación debe revisarse cuidadosamente para evitar la censura. Esa advertencia es central, porque la presidenta plantea simultáneamente la necesidad de combatir la manipulación y su propia inconformidad con narrativas periodísticas adversas.
Y ahí aparece el dilema político que acompañará cualquier iniciativa.
Un gobierno tiene derecho a responder a información falsa, presentar pruebas, confrontar versiones y utilizar su capacidad institucional para informar. Lo que resulta mucho más delicado es que ese mismo gobierno diseñe las reglas mediante las cuales se determine qué contenidos constituyen manipulación y cuáles forman parte del ejercicio legítimo de la crítica.
La protección de niñas y niños ofrece posiblemente el terreno de mayor consenso para comenzar una regulación digital. Pocos discutirán la necesidad de estudiar los efectos del uso excesivo de plataformas, mejorar la educación digital o establecer condiciones específicas para menores.
Pero la intervención presidencial demuestra que la discusión ya es mucho más amplia.
Sheinbaum está hablando de dinero, algoritmos, inteligencia artificial, bots, medios digitales, actores extranjeros, campañas de odio, periodistas, partidos y elecciones.
Está hablando, finalmente, de poder comunicativo.
De quién consigue hacer visible un mensaje. De quién puede multiplicarlo. De quién tiene recursos para convertirlo en tendencia. Y de cómo una versión repetida miles de veces puede terminar instalándose como verdad política.
Ese problema merece regulación, transparencia y debate.
También merece una salvaguarda fundamental: que combatir la manipulación no termine significando administrar desde el poder qué narrativas resultan aceptables.
Porque rumbo a 2027 no solamente estará en disputa quién obtiene más votos.
También estará en disputa algo anterior: quién consigue definir de qué habla el país, qué versiones dominan la conversación y quién conserva la capacidad de cuestionarlas.
