La SCJN resolvió a favor de un grupo de policías que no recibieron liquidación cuando José Luis Laparra fue alcalde de Huixtla en 2010. Ahora en su nueva administración tendrá que buscar la forma de pagar o podría ser desaforado
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
La diputada Olvita Palomeque rechazó rotundamente el préstamo de 26 millones de pesos, solicitado por el actual alcalde de Huixtla, José Luis Laparra Calderon, derivado a una demanda colectiva que realizaron 70 policías municipales por despido injustificado en el año 2010 (cuando fue alcalde por primera vez), quienes no recibieron liquidación.
Laparra Calderón fue alcalde durante un periodo de año y 8 meses (2010-2012), y de acuerdo a la denuncia interpuesta por parte de elementos policiacos, los despidió sin justificación alguna y no recibieron liquidación, motivo por el cual, iniciaron con un proceso legal y hoy, a siete años de lo acontecido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les resolvió favorablemente.
«Ellos se fueron a un juicio, un juicio que hoy ganan y pues desafortunadamente o afortunadamente, le cae al mismo que los despidió, qué es a lo que vamos, que no le puedes seguir heredando a un pueblo tanta deuda, hay mecanismos».
«Hoy la Suprema Corte, le obliga al ayuntamiento de Huixtla pagar la deuda y no es porque le toque ahorita estar de presidente, sino, que es una orden que le hubiese caído a cualquier presidente municipal».
La legisladora aseveró que realizar dicho préstamo únicamente representa un endeudamiento más al municipio, mismo que cuenta con un presupuesto reducido, por lo que enfatizó, será el mismo presidente municipal el que deba solventar dicho adeudo y exhortó a sus compañeros y compañeras diputadas buscar otras alternativas para ayudar al municipio sin provocar un daño económico.
«Hay otras alternativas de ver cómo se le puede hacer sin endeudar al pueblo, ya se recabaron firmas en cabildo para darle a estas personas un terreno que era para un relleno sanitario, aunque la orden no es dar un terreno, sino liquidarlos, tiene que buscar otros mecanismos, pero no agarrar del erario», afirmó.
En caso de que el alcalde no liquide este adeudo, los mismos denunciantes podrían solicitar el arraigo y si continúa sin hacerlo, la Suprema Corte podría ordenar su desafuero.
