Por: Jhenyfeer Farrera
El agua constituye uno de los bienes comunes más estratégicos para la vida humana y la sostenibilidad de los ecosistemas. Sin embargo, durante las últimas décadas México ha experimentado una creciente conflictividad asociada a la distribución, gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos. A pesar del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua en 2012, persisten profundas desigualdades territoriales que afectan de manera diferenciada a comunidades indígenas, poblaciones rurales, mujeres, personas en situación de pobreza y habitantes de zonas periféricas urbanas.
Este artículo analiza las disputas contemporáneas en torno al agua desde una perspectiva de justicia hídrica e interseccionalidad, recuperando antecedentes históricos de las luchas por el agua en México, la propuesta ciudadana «Agua para Todos, Agua para la Vida» y los debates actuales sobre la construcción de una nueva Ley de Aguas en Chiapas. Se argumenta que la crisis hídrica actual no puede comprenderse únicamente como un problema de disponibilidad física del recurso, sino como una crisis de gobernanza, distribución del poder y gestión territorial.
Un poco de historia…
El siglo XXI ha sido denominado por diversos organismos internacionales como el siglo de la crisis hídrica. El crecimiento demográfico, la urbanización acelerada, la expansión de actividades extractivas y los efectos del cambio climático han incrementado la presión sobre los recursos hídricos a escala global.
En México, la problemática adquiere características particulares debido a la coexistencia de regiones con alta disponibilidad de agua y territorios que enfrentan severos procesos de escasez, contaminación y sobreexplotación de acuíferos.
Paradójicamente, la existencia de abundantes recursos hídricos no garantiza el acceso equitativo al agua.
Esta situación resulta especialmente evidente en Chiapas, estado que concentra importantes cuencas hidrológicas y genera una proporción significativa de la energía hidroeléctrica nacional, pero donde miles de personas continúan enfrentando dificultades para acceder al agua potable y al saneamiento básico.
La discusión contemporánea sobre el agua exige trascender los enfoques exclusivamente técnicos para comprender las dimensiones políticas, económicas, culturales y ambientales que intervienen en su gestión.
Para poder dimensionar el tema sobre la justicia hídrica que aún nos hace falta en Estados como Chiapas, necesitamos analizar los siguientes puntos:
- Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
- Informes de organismos multilaterales.
- Investigaciones académicas sobre gobernanza hídrica.
- Documentos de organizaciones sociales.
- Experiencias de gestión comunitaria del agua.
- Casos emblemáticos de conflictividad socioambiental en México y Chiapas.
Este análisis requiere de enfoques de ecología política, justicia ambiental e interseccionalidad, para permitir identificar cómo las desigualdades de género, clase, etnicidad y territorio condicionan el acceso diferencial al agua.
La construcción histórica del derecho humano al agua
El reconocimiento internacional del agua como derecho humano es resultado de décadas de movilización social y construcción normativa.
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el disfrute pleno de la vida y de todos los derechos humanos.
Dos años después, México incorporó este principio al artículo 4° constitucional.
Sin embargo, la incorporación formal de un derecho no garantiza automáticamente su cumplimiento efectivo.
Diversos estudios han demostrado que la brecha entre reconocimiento jurídico y acceso real continúa siendo una de las principales contradicciones del modelo hídrico mexicano.
La permanencia de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, elaborada bajo un contexto de liberalización económica, ha sido objeto de críticas por privilegiar esquemas concesionarios orientados a la explotación productiva del recurso.
Agua para Todos, Agua para la Vida: una propuesta desde la sociedad
Ante la ausencia de una nueva Ley General de Aguas, surgió la iniciativa ciudadana Agua para Todos, Agua para la Vida.
Esta propuesta representa uno de los ejercicios más relevantes de construcción legislativa desde la sociedad civil en materia hídrica.
Su planteamiento se articula alrededor de cuatro principios fundamentales:
- El agua como derecho humano.
- El agua como bien común.
- La gestión democrática y participativa.
- La sustentabilidad ecológica de las cuencas.
La iniciativa cuestiona la concentración de concesiones en grandes usuarios industriales y propone mecanismos de participación comunitaria vinculante para la toma de decisiones.
La ecología política del agua en México
Desde la perspectiva de la ecología política, los conflictos por el agua no son únicamente conflictos ambientales.
Son disputas por el poder.
Diversas investigaciones han documentado cómo las decisiones sobre extracción, distribución y aprovechamiento del agua suelen favorecer a determinados actores económicos mientras otros sectores enfrentan condiciones de vulnerabilidad hídrica.
Entre los casos más estudiados destacan:
Mexicali y la defensa del agua frente a la industria cervecera
La movilización social contra la instalación de una planta cervecera evidenció tensiones entre inversión privada, disponibilidad hídrica y participación ciudadana.
Puebla y la privatización del servicio
Diversas organizaciones denunciaron incrementos tarifarios y dificultades de acceso vinculadas a procesos de privatización parcial de los servicios de agua.
Morelos y el Proyecto Integral Morelos
Las comunidades señalaron riesgos asociados a la utilización de recursos hídricos para actividades industriales vinculadas a proyectos energéticos.
Estos casos muestran que el agua se ha convertido en un eje central de los conflictos socioambientales contemporáneos.
Chiapas: abundancia hídrica y desigualdad estructural
Chiapas aporta aproximadamente una tercera parte de los escurrimientos superficiales del país.
Los ríos Grijalva y Usumacinta constituyen algunos de los sistemas hidrológicos más importantes de México.
Sin embargo, esta riqueza natural convive con profundas desigualdades sociales.
Diversos municipios presentan rezagos históricos en infraestructura hidráulica, saneamiento y acceso al agua potable.
Las condiciones se agravan en comunidades indígenas y rurales donde el abastecimiento depende frecuentemente de sistemas comunitarios autogestionados.
En estos contextos, el acceso al agua no depende únicamente de la disponibilidad natural sino de factores políticos, económicos e institucionales.
El caso de San Cristóbal de Las Casas
Uno de los casos más emblemáticos corresponde a San Cristóbal de Las Casas.
Durante años, organizaciones sociales, investigadores y medios de comunicación han documentado el debate en torno a las concesiones de extracción de agua destinadas a la industria refresquera.
Este caso se convirtió en símbolo nacional de las contradicciones entre abundancia hídrica, actividad industrial y acceso comunitario al agua.
No obstante, reducir la problemática a una sola empresa implicaría simplificar una realidad compleja.
También intervienen factores como:
- crecimiento urbano desordenado;
- deterioro ambiental;
- pérdida de zonas de infiltración;
- deforestación;
- insuficiencia de infraestructura;
- debilidad institucional.
La experiencia de San Cristóbal evidencia la necesidad de analizar integralmente los sistemas hídricos desde una perspectiva territorial.
Una mirada interseccional a la crisis del agua
La interseccionalidad permite comprender que la crisis hídrica no afecta a todas las personas de la misma manera.
Las mujeres suelen asumir tareas relacionadas con la obtención, almacenamiento y administración doméstica del agua.
En comunidades rurales e indígenas, la escasez hídrica incrementa cargas de trabajo no remunerado y limita oportunidades educativas y económicas.
Asimismo, los impactos son diferenciados para:
- pueblos indígenas;
- personas migrantes;
- población infantil;
- personas adultas mayores;
- comunidades rurales.
Las desigualdades históricas se profundizan cuando el acceso al agua se vuelve incierto.
Por ello, cualquier legislación hídrica contemporánea debe incorporar enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos.
Cambio climático y seguridad hídrica
La crisis climática representa uno de los mayores desafíos para la gestión del agua en México.
Las alteraciones en los patrones de precipitación, la intensificación de eventos extremos y la degradación de ecosistemas afectan directamente la capacidad de las cuencas para almacenar y regular agua.
En Chiapas, la deforestación de zonas altas, la expansión agropecuaria y los cambios de uso de suelo generan impactos acumulativos sobre los sistemas hidrológicos.
La seguridad hídrica futura dependerá tanto de la infraestructura como de la conservación de los ecosistemas que hacen posible la disponibilidad de agua.
Hacia una nueva gobernanza hídrica para Chiapas
Los foros para la construcción de una nueva Ley de Aguas en Chiapas representan una oportunidad histórica para replantear la relación entre sociedad, territorio y recursos hídricos.
Una legislación transformadora debería considerar:
- Gestión por cuencas hidrográficas.
- Participación efectiva de comunidades.
- Reconocimiento de sistemas comunitarios.
- Transparencia en concesiones.
- Protección de acuíferos estratégicos.
- Perspectiva de género e interculturalidad.
- Adaptación climática.
- Restauración ecológica de territorios.
La gobernanza hídrica no puede construirse únicamente desde instituciones gubernamentales; requiere la participación activa de quienes habitan y cuidan los territorios.
La crisis del agua en México no constituye únicamente una crisis de escasez. Es una crisis de gobernanza, justicia ambiental y distribución del poder.
Las luchas sociales por el agua han evidenciado que el acceso desigual al recurso refleja estructuras históricas de exclusión económica, territorial, étnica y de género.
La experiencia de Chiapas sintetiza muchas de las contradicciones presentes en el país: abundancia hídrica coexistiendo con pobreza, riqueza ecológica conviviendo con degradación ambiental y disponibilidad natural enfrentándose a profundas desigualdades de acceso.
La construcción de una nueva Ley de Aguas representa una oportunidad para avanzar hacia modelos más democráticos, sustentables e inclusivos de gestión hídrica.
Sin embargo, ello sólo será posible si el agua deja de concebirse exclusivamente como un recurso económico y se reconoce plenamente como un bien común indispensable para la reproducción de la vida.
En un contexto de crisis climática global, la defensa del agua implica también la defensa de los territorios, de los ecosistemas y de los derechos colectivos de las generaciones presentes y futuras.
