El gran problema de los políticos actuales es su distanciamiento irreconciliable con la ética, los principios morales y con el pueblo al que, en épocas electorales, prometen defender, proteger y sobre todo, atender sin el menor miramiento. En la práctica, resulta casi imposible encontrar a uno de éstos, dispuesto a escuchar a la sociedad cuando la inconformidad colectiva ha tomado tintes peligrosos para la estabilidad política.
No siendo privativo de un país, Guatemala, con anunciados panoramas de corrupción, cayó de pronto en un abismo de desconfianza hacia sus gobernantes, cuando se descubrió que un alto funcionario del Ejecutivo, lideraba una poderosa banda de estafadores al erario, principalmente en las cuestiones aduaneras por cuya extensión, implica no solo a los empleados domésticos, sino a funcionarios de los gobiernos con quienes se tienen vínculos comerciales.
La historia puede parecer larga, pero común, si se toma en cuenta que algunos medios guatemaltecos, venían denunciando la red de corrupción en el área que, se supone, debió vigilar y recaudar honradamente los impuestos derivados de las importaciones y exportaciones. En esa red, el funcionario de todas las confianzas de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, resultó ser el cabecilla de lo que las autoridades guatemaltecas llaman oficialmente, «la banda defraudadora».
Juan Carlos Monzón —actualmente prófugo de la justicia y bajo riesgo de ser asesinado para que no delate a los verdaderos líderes de esa modalidad criminal—, era hasta antes de ser descubierto, secretario privado de la mujer más poderosa de Guatemala; pero también, según investigaciones periodísticas serias, testaferro del presidente Otto Pérez Molina, en obscuras adquisiciones ligadas a propiedades del mandatario.
Sobre él, Monzón, recae todo el peso de una investigación en la que participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano independiente de carácter internacional avalado por la ONU, cuya influencia ha tenido la capacidad de enjuiciar y encarcelar al expresidente Alfonso Portillo Cabrera y promover el juicio por delitos de lesa humanidad contra el exdictador Efraín Ríos Montt.
La crisis de gobernabilidad derivada de las sospechas de corrupción patrocinadas por la vicepresidenta Baldetti y las posteriores mentiras y falacias en que incurrió tras descubrirse el desfalco, ha tomado carices de distintas proporciones pero eso sí, de un solo tono: la inmediata renuncia de la vicepresidenta y del presidente. En ese orden.
Está perfectamente claro que Baldetti, protege a su más cercano colaborador; ella misma ha declarado que desde febrero pasado, tenía pleno conocimiento de las investigaciones que se llevaban a cabo en el régimen aduanero y, consecuentemente, contra Juan Carlos Monzón. Poseedora de información privilegiada, supo de antemano que habría acciones penales contundentes contra su aliado. Ello la motivó a sacarlo del país bajo el pretexto de un galardón otorgado en Corea del Sur, donde el acusado, se presume, también tiene negocios no declarados.
Ella, que presume titiretear al general retirado de la mano dura, aprovechó su cargo para eludir, deliberadamente, la responsabilidad que le corresponde. Para su infortunio, las cosas no salieron como las planeó. La desconfianza popular, el repudio a sus engaños y el odio que engendró con actos paternalistas e irresponsables poses caudillistas, la pusieron en la disyuntiva de los tiranos. O es despedida o, por decisión propia, se retira del mando para ser también, sujeto de una exhaustiva investigación judicial.
¿Qué le impide la vicepresidenta, con todo en su contra, a renunciar de modo propio? Sin duda, su falta de conexión con la realidad. Pero además, le es impedimento la ausencia de ética en sus acciones como persona, como mujer y como dignataria. Sus principios morales están tan deteriorados, que no le es posible encontrarse con la lapidaria realidad de un país que la conmina al acto de contrición más sublime del que pueda tener oportunidad.
Su alejamiento del pueblo, al que ha mentido una y otra vez, no le abre la posibilidad de una luz al final de su propio túnel. Y no lo hará, hasta en tanto, su soberbia le domine. ¿Debe ser despedida, cesada, corrida, destituida? La respuesta es un «sí», sin atenuantes. Basta revisar la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios de Guatemala en el artículo Octavo, para determinar que, aun cuando solo haya incurrido en el delito de «omisión», es candidata a ser removida del cargo.
¿Tendrá Otto Pérez Molina, suficiente mano dura para excluirla de su gabinete? ¿O preferirá ir al cadalso junto a ella?
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