Desplazados, resultado de municipios sin gobernabilidad / Hector Estrada

Los elevados niveles de intolerancia y la falta de gobernabilidad que persiste en algunos municipios de Chiapas siguen sumando a decenas de familias desplazadas que tienen que dejar sus hogares para resguardar su seguridad y la propia vida.
No hay garantías para permanecer en sus viviendas, pues la voluntad de las mayorías ha sido «la ley» que ha empujado a muchos a huir o simplemente ser expulsados y despojados de todas sus pertenencias, por el sólo hecho de no coincidir con las creencias religiosas o afinidades políticas de los grupos mayoritarios.
Este mismo lunes, David Ramos Hernández, coordinador estatal de la Alianza por la Paz y el Desarrollo Sustentable, señaló que existe suma preocupación dentro de las organizaciones civiles que estudian de cerca este tipo de movimientos poblacionales debido al incremento que ha tenido este fenómeno durante los últimos años.
El activista precisó que durante el 2014 se registraron 30 desplazamientos por conflictos religiosos, políticos y de tenencia de la tierra que han requerido de la instalación de mesas de diálogo para permitir los trabajos de negociación y, en determinados casos, el retorno de algunas familias expulsadas.
Los desplazados en Chiapas no son un asunto que deba tomarse a la ligera, ya que según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta hace menos de año y medio se tenía un registro de alrededor de 37 mil personas desplazadas en diversos puntos de la geografía chiapaneca.
Incluso, hay quienes se han atrevido a asegurar que la cifra de desplazados en Chiapas podría llegar a las 170 mil personas, como un problema que se agudizó desde el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Y desde ese entonces más y más familias se han ido sumando al fenómeno social que parece no quererse detener.
El problema en la entidad exige soluciones menos paliativas como lo son la casi permanente instalación de mesas de diálogo. Los desplazados y quienes hoy están en el filo de ser expulsados por la intolerancia requieren del estado de derecho, de la aplicación de las leyes y de gobiernos municipales con verdadera autoridad.
Garantizar la gobernabilidad es justamente el trabajo prioritario para los ayuntamientos, estados y federaciones. Es un asunto que no debe estar a voluntad de mayorías religiosas, partidistas o agropecuarias, donde las autoridades con todo el significado que tiene ostentar el cargo están obligadas a aplicar la ley y el orden, o de lo contrario renunciar a su responsabilidad.