No obstante el gobierno federal realiza un conjunto de tareas que buscan construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios, sostuvo el comisionado
Redacción
[dropcap]L[/dropcap]a reciente reestructuración de mandos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no altera la situación de suspensión del diálogo, que se encuentra amparada en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, consideró Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
En entrevista publicada en la edición dominical de La Jornada, el comisionado comentó que después del cese al fuego de los primeros días de acciones militares en 1994, las iniciativas impulsadas por el EZLN han sido de carácter político, lo que consideró la única alternativa para construir una nueva relación entre los pueblos originarios de nuestro país y el Estado mexicano».
«La carta de despedida del subcomandante Marcos enfatiza este aspecto y hace referencia al contenido de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, donde se establece textualmente que «el EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales ni movimientos militares ofensivos. El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política con esta iniciativa pacífica que ahora hacemos. Por tanto, el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones políticomilitares nacionales o de otros países»», dijo.
Veloz sostuvo que a 18 años de haberse firmado los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación se encuentra realizando un conjunto de tareas que tienen como propósito construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Dijo que dichos acuerdos, construidos al amparo de un proceso de diálogo y negociación apoyado por la ley y todas las instituciones de la República se ven expresados, en gran medida, en el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007.
«La lucha por la libre determinación y la autonomía, el derecho a decidir en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida económica, social y cultural del Estado, son elementos que conforman una de las partes más importantes de las demandas de nuestros pueblos originarios».
