Las nuevas declaratorias amplían la protección legal del patrimonio natural, pero el reto será financiar su manejo, vigilar el territorio e involucrar a las comunidades con resultados medibles, verificables
AquíNoticias Staff
Chiapas amplió durante la actual administración la superficie sometida a protección ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural sostiene que se han decretado diez nuevas Áreas Naturales Protegidas estatales, una medida que fortalece jurídicamente la defensa de bosques, humedales, cavernas, corredores biológicos y espacios verdes urbanos.
El avance es relevante. Un decreto puede impedir nuevos asentamientos, restringir cambios de uso de suelo, regular obras y establecer prohibiciones contra la extracción de flora y fauna, la introducción de especies invasoras, las descargas contaminantes y otras actividades capaces de modificar el ecosistema. Sin embargo, la protección jurídica representa el comienzo de la política ambiental, no su resultado final.
La verdadera prueba será comprobar si dentro de esos polígonos disminuyen la tala, los incendios, la urbanización irregular, la cacería, el despojo territorial y las actividades económicas incompatibles con la conservación.
Seis decretos localizables en el registro público
La sección de marco jurídico de la Semahn permite identificar directamente seis decretos recientes publicados en noviembre de 2025:
- Los Pulmones de la Capital, en Tuxtla Gutiérrez.
- Laguna de Pájaros Azules, en Jitotol.
- El Mirador, en Jitotol.
- Mina Banderas, en Pantepec.
- Kixin Yo Shoo-Las Cavernas, en Marqués de Comillas.
- Coapilla: El Bosque del Quetzal, en Coapilla.
A estos procesos se suman figuras con una naturaleza jurídica diferente. En Jitotol, por ejemplo, además de los decretos para Laguna de Pájaros Azules y El Mirador, se entregó un certificado de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación para La Cueva del Tepezcuintle.
La información oficial sostiene que existen diez nuevas ANP estatales, pero la revisión de los portales públicos no permitió localizar una ficha consolidada que reúna, bajo una misma metodología, los diez nombres, instrumentos legales, categorías, superficies, coordenadas, responsables operativos y fechas de publicación.
Esto no demuestra que la cifra oficial sea incorrecta. Sí revela una deficiencia de transparencia: el ciudadano puede conocer el anuncio general, pero enfrenta dificultades para reconstruir y auditar el sistema completo.
El Bosque del Quetzal: lo que ordena un decreto
Uno de los casos más representativos es Coapilla: El Bosque del Quetzal, declarada Zona Sujeta a Conservación Ecológica con una superficie de 959.26 hectáreas pertenecientes al ejido Coapilla.
Su decreto establece que el manejo debe realizarse mediante coordinación entre el ejido, la Semahn, el ayuntamiento y otras autoridades. También ordena definir el origen y destino de los recursos financieros, las acciones de investigación, la inspección, la vigilancia y las formas de participación comunitaria.
El documento dispone, además, la elaboración de un programa de manejo y prohíbe cambios de uso de suelo, descargas contaminantes, fraccionamientos, bodegas, industrias, cacería, extracción no autorizada de especies y quemas fuera de las excepciones permitidas.
Es decir, el decreto ya contiene obligaciones suficientes para medir su cumplimiento. La pregunta es cuándo se traducirán en presupuesto, personal, recorridos de vigilancia, restauración, monitoreo biológico y sanciones.
Del mapa al territorio
Declarar un área protegida delimita jurídicamente el espacio. Conservarla exige administrar conflictos concretos.
Cada polígono puede enfrentar presiones distintas: expansión urbana en Tuxtla Gutiérrez; incendios y cambio de uso de suelo en zonas forestales; extracción de recursos; apertura de caminos; cacería; turismo sin regulación; contaminación o disputas por la propiedad y el aprovechamiento del territorio.
Por ello, las diez nuevas áreas necesitan una línea base que permita conocer en qué condiciones fueron recibidas: cobertura vegetal, calidad del agua, especies presentes, zonas degradadas, asentamientos, incendios anteriores, denuncias ambientales y actividades productivas existentes.
Sin esa fotografía inicial, cualquier gobierno puede afirmar que está conservando, pero será difícil demostrar si el ecosistema mejoró, permaneció igual o continuó deteriorándose.
Los programas de manejo son la primera prueba
La propia Semahn establece que quienes habitan, poseen o ejercen derechos dentro de una ANP deben sujetarse al decreto, al ordenamiento ecológico y al programa de manejo correspondiente. Este último define zonas, actividades permitidas, restricciones, mecanismos de vigilancia y prioridades de restauración.
En la revisión de los apartados públicos consultados no se localizó una matriz actualizada que informe cuáles de las diez nuevas áreas ya cuentan con programa de manejo concluido y publicado, cuáles lo tienen en elaboración y qué plazo se estableció para terminarlo.
Tampoco aparece un desglose accesible por área sobre presupuesto anual, número de personas encargadas de la vigilancia, convenios firmados, recorridos realizados, denuncias recibidas o sanciones impuestas.
La ausencia de estos datos impide pasar del anuncio a la evaluación.
La conservación también depende de las comunidades
El caso de Coapilla reconoce la intervención del ejido y prevé la participación de pueblos indígenas, organizaciones sociales, instituciones académicas y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Esa gobernanza comunitaria es indispensable porque buena parte del territorio protegido no es una superficie vacía: tiene propietarios, actividades económicas, historia y formas propias de organización.
Una política ambiental que ignore a las comunidades puede generar resistencia. Una que transfiera toda la responsabilidad sin presupuesto también está condenada a fallar.
La protección efectiva requiere acuerdos sobre vigilancia, turismo, producción sostenible, restauración, compensaciones, uso del fuego y aprovechamiento de recursos. También demanda mecanismos para que habitantes y defensores ambientales denuncien irregularidades sin exponerse a represalias.
La lección del Cañón del Sumidero
El Cañón del Sumidero permite entender la distancia entre contar con una declaratoria y controlar todas las presiones que actúan sobre un territorio protegido.
Aunque el parque posee un régimen de conservación, sigue recibiendo residuos arrastrados desde distintos puntos de su cuenca. Los operativos retiran toneladas de basura, pero la contaminación vuelve porque su origen se encuentra fuera del polígono y atraviesa varias jurisdicciones municipales.
El mismo principio debe aplicarse a las nuevas áreas: no basta vigilar lo que sucede dentro de la línea dibujada en el mapa. También deben atenderse los incendios, vertederos, caminos, asentamientos y actividades productivas que se desarrollan en su zona de influencia.
Diez áreas, diez expedientes públicos
El gobierno estatal puede convertir las nuevas declaratorias en una política ambiental verificable mediante un expediente digital para cada ANP.
Ahí deberían concentrarse el decreto, mapa descargable, superficie, régimen de propiedad, programa de manejo, presupuesto, responsables, inventario biológico, incendios, cambios de cobertura forestal, denuncias, inspecciones, sanciones y avances de restauración.
Proteger la naturaleza no consiste únicamente en cambiar el color de un territorio dentro de un mapa. Consiste en construir autoridad ambiental dentro de él, establecer límites frente a los intereses que lo presionan y demostrar, con datos, que el bosque, el agua y las especies permanecen mejor que antes del decreto.
Las diez nuevas áreas son un avance. Su verdadero valor comenzará a medirse cuando la protección jurídica pueda observarse en el territorio.
