Las y los docentes, que fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Nayarit, son acusados delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación, señala el Centro de Derechos Humanos
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]l Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que tiene documentadas violaciones a derechos humanos consistentes en: Uso Desproporcionado de la Fuerza Pública, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes en el marco de los operativos de desalojo a las manifestaciones convocadas por maestros en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
De acuerdo a un comunicado, el Frayba advirtió que dichas acciones conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social, por parte de elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía estatal quienes «utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban en la jornada del 15 de abril de 2016, de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente».
El Centro logró documentar que se lesionó físicamente a la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas mayores de edad.
«Testimonios refieren que en San Cristóbal de Las Casas, las agresiones policiacas incluyeron allanamiento a casas particulares y negocios, uso de gases lacrimógenos dañando a familiares de enfermos que se encontraban en el Hospital de las Culturas, personas golpeadas incluso que no tenían nada que ver con las manifestaciones, vigilancia por parte de militares vestidos de civil e infiltración de grupos de choque para justificar la represión y generar confrontación. »
Asimismo, señala el Frayba, sobrevolaron dos helicópteros de la policía federal, sin matrícula, desde los cuales tiraban gases lacrimógenos, y un helicóptero de protección civil.
«En Tuxtla Gutiérrez se implementó un cerco policiaco que inició en el punto de manifestación en La Pochota y fue replegando al magisterio hacia el centro, en zonas donde los ataques con gas lacrimógeno, balas de goma y piedras afectaron a población en general. También sobrevolaron helicópteros lanzando gases lacrimógenos. Hubo un número indeterminado de personas heridas y con crisis nerviosas.»
Asimismo, detalla que en ambos municipios los elementos policiacos detuvieron de manera arbitraria y «con tratos crueles inhumanos y/o degradantes, sin respeto a las garantías personales ni mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad, al menos a 8 profesoras, 10 profesores y tres personas que pasaban por el lugar: un repartidor de agua, un técnico en electricidad y un instructor de gimnasio, además de un estudiante que se encontraba en un taller mecánico y dos personas más no identificadas».
Precisó que dichas detenciones se realizaron entre las 10:00 horas y 12:00 horas en distintos lugares y las personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la capital del estado, sin embargo no fue sino hasta las 23:00 horas que los familiares recibieron llamadas de las personas detenidas, por lo que estuvieron más de 12 horas en incomunicación. La mayoría decía desconocer a detalle la situación jurídica de las personas detenidas.
En la mañana del día 16 de abril, las 18 personas del magisterio fueron trasladas en un avión Boing 727 Mat XC_MPF de la Policía Federal al penal de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit. Las y los docentes son acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y lesiones, delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación.
«Lo anterior violenta los derechos a la Manifestación, Asociación y Reunión, Pensamiento y Expresión, así también se vulnera el derecho a la Integridad y Seguridad Personal y Libertad Personal y en relación a los anteriores el derecho al Debido Proceso Legal», señala el Frayba en el comunicado.
