México destinará más de un billón de pesos a programas prioritarios en 2027. Las transferencias han mejorado el ingreso de millones de hogares, pero su expansión coincide con una deuda mayor, déficits persistentes y un presupuesto con poco espacio para nuevas decisiones
AquíNoticias Staff
Afuera de la sucursal del Banco del Bienestar de la colonia Tabacalera, sobre Paseo de la Reforma, adultos mayores esperan el depósito de su pensión. A unos metros, en Antonio Caso, una cantina comienza a prepararse para la noche mientras desde una pantalla se escucha hablar de otra cuenta: la deuda pública mexicana.
Las dos escenas terminan encontrándose en un mismo lugar: el presupuesto federal.
Durante los últimos ocho años, el Estado mexicano amplió las transferencias directas y convirtió algunas de ellas en derechos permanentes. En ese mismo periodo también aumentó el saldo de la deuda pública. La relación entre ambos fenómenos no es automática —no puede afirmarse que cada peso entregado mediante un programa social provenga de deuda—, pero su convivencia abre una discusión fiscal de largo plazo: cómo financiar compromisos permanentes cuando los ingresos públicos todavía no alcanzan para cubrir todo el gasto.
En junio de 2018, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, ascendía a 10.43 billones de pesos. Para junio de 2026 llegó a 19.05 billones. La diferencia nominal es de aproximadamente 8.62 billones de pesos, un aumento de 82.7 por ciento.
La comparación nominal, por sí sola, no basta para medir la sostenibilidad de la deuda: durante esos años también aumentaron los precios y el tamaño de la economía. Hacienda sostiene precisamente que la relación deuda-PIB, junto con el costo, los plazos y la composición de los pasivos, ofrece una lectura más adecuada. A junio de 2026, el SHRFSP representaba 51 por ciento del PIB y la dependencia consideraba esa trayectoria sostenible.
Lo que sí ha cambiado de manera estructural es el tamaño de los compromisos sociales.
Para 2027, el Paquete Económico propone 1 billón 25 mil 400 millones de pesos para programas prioritarios, equivalentes a 2.6 por ciento del PIB. De esa cantidad, 543 mil 500 millones corresponderían a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Hacienda asegura que todos los Programas para el Bienestar recibirán aumentos superiores a la inflación.
Ese dinero tiene efectos que pueden medirse. El INEGI estimó que, en 2024, 35.4 por ciento de la población tenía ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos; sin transferencias de programas sociales, habría sido 39.7 por ciento. Para la línea de pobreza extrema por ingresos, la diferencia fue de 3.5 puntos porcentuales: 9.3 por ciento con transferencias y 12.8 por ciento sin ellas.
La discusión, por tanto, no consiste en negar que los apoyos mejoren los ingresos de sus beneficiarios. El problema fiscal aparece en otro nivel: el gobierno debe financiar esos derechos junto con pensiones contributivas, salud, educación, seguridad, infraestructura, participaciones, operación gubernamental e intereses de la deuda.
Para 2027, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria calcula ingresos presupuestarios por 9.16 billones de pesos frente a un gasto neto pagado de 10.52 billones. Esa diferencia presupuestaria ronda 1.36 billones de pesos antes de considerar otros componentes de los Requerimientos Financieros del Sector Público.
Ahí comienza a aparecer el costo de las decisiones acumuladas.
El CIEP estima que 80 por ciento del presupuesto de 2027 estaría comprometido por obligaciones previamente establecidas, dejando un espacio fiscal equivalente a apenas 1.6 por ciento del PIB. Sólo las pensiones y el costo financiero sumarían 3.9 billones de pesos, más de tres veces los 1.1 billones destinados a inversión.
En otras palabras, una parte cada vez mayor del presupuesto llega decidida antes de que comience la discusión anual: pensiones que deben pagarse, intereses que no pueden omitirse, participaciones, obligaciones legales y programas convertidos en derechos.
El gobierno federal sostiene que puede mantener esas obligaciones y continuar reduciendo gradualmente el déficit. Hacienda propone que los Requerimientos Financieros del Sector Público pasen de 4.1 por ciento del PIB en 2026 a 3.9 por ciento en 2027, apoyados en una recaudación tributaria que alcanzaría 15.9 por ciento del PIB sin crear nuevos impuestos generales. La dependencia considera que esa trayectoria permite preservar la sostenibilidad de la deuda.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha rechazado que el Paquete Económico pueda caracterizarse simplemente como un endeudamiento del país y ha defendido que la estrategia consiste en aumentar la recaudación mediante el combate a la evasión mientras continúa la reducción gradual del déficit.
Pero existen lecturas menos optimistas.
Fitch Ratings consideró que el Paquete Económico 2027 parte de supuestos más creíbles que ejercicios anteriores, aunque calificó como modesto el ajuste fiscal. La calificadora estima que México necesitaría llevar los RFSP aproximadamente a 2.5 por ciento del PIB para estabilizar la deuda, frente al 3.9 por ciento planteado por Hacienda para el próximo año.
El propio Paquete proyecta que el SHRFSP llegará a alrededor de 55 por ciento del PIB en 2027, frente a una estimación de 54 por ciento al cierre de 2026. La reducción del déficit, por tanto, no significa todavía una disminución de la deuda respecto del tamaño de la economía.
Esa diferencia permite colocar el debate en términos distintos a los del discurso político habitual.
Los programas sociales no son, contablemente, un crédito entregado a cada beneficiario para que alguien lo pague después. Tampoco puede atribuirse el crecimiento de la deuda únicamente a esas transferencias: el endeudamiento financia el déficit agregado de un Estado con múltiples obligaciones y decisiones de gasto.
Pero tampoco son recursos sin costo futuro.
Cuando un programa se vuelve permanente, el Estado necesita ingresos permanentes para sostenerlo. Si esos ingresos no crecen al mismo ritmo que las obligaciones, las alternativas son conocidas: disminuir otros gastos, aumentar la recaudación, acelerar el crecimiento económico o recurrir a mayor financiamiento.
Y cuanto mayor sea la deuda, otra partida reclamará recursos antes de que el presupuesto pueda decidir cualquier cosa: los intereses.
La fila frente al Banco del Bienestar muestra una cara concreta de la política fiscal: personas que reciben hoy un ingreso que puede modificar su capacidad de consumo y reducir sus carencias. La cuenta pública muestra la otra: cada derecho adquirido necesita una fuente de financiamiento capaz de sobrevivir a gobiernos, ciclos económicos y generaciones.
Ahí está la discusión que permanecerá después de que desaparezca la fila.
El desafío no es decidir si México debe financiar bienestar o cuidar sus finanzas públicas. Es determinar si está construyendo los ingresos suficientes para que el bienestar de hoy pueda seguir pagándose mañana sin reducir cada vez más las opciones de los presupuestos futuros.
