El Congreso de Chiapas amagado por la guerra electoral / Hector Estrada

En Chiapas el uso de la máxima tribuna legislativa como escaparate para las descalificaciones y las guerras sucias han dejado en claro que las reformas a la ley electoral que hoy permiten a los legisladores ser candidatos a puestos de elección popular sin tener que dejar el cargo, fue aprobada y puesta en vigor sin que muchos políticos estuvieran a la altura.
Este martes, con el pretexto de una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, nuevamente los legisladores locales y candidatos a diputados federales por el Distrito IX se apoderaron de la tribuna en el Congreso del Estado para convertirla en un «ring electoral» fuera de toda mesura y respeto a la figura del legislativo chiapaneco.
Las descalificaciones, los jaloneos políticos y hasta las pruebas incriminatorias que nada tienen que ver con el ejercicio legislativo fueron parte de la vergonzosa escena que vistió nuevamente de escándalo a la sede del Congreso en Chiapas.
Alejandra Soriano Ruiz y Emilio Salazar Farías se convirtieron otra vez en protagonistas del «show congresista-electoral» que se ha hecho cada vez más recurrente desde el inicio de las campañas, y que ahora amenaza en convertir a la máxima tribuna legislativa estatal en el foro de debate entre los contendientes.
Más allá de las diferencias entre ambos candidatos y las guerras sucias, lo que debe quedar claro a los legisladores es que el Congreso de Chiapas no es el lugar para debatir asuntos de esa calaña. Sus campañas y estrategias de descalificaciones deben limitarse a las calles y los medios dispuestos para dichas actividades.
Hay formas y espacios para poner en marcha sus estrategias electorales, sean las que sean. Debe quedar claro que el uso visceral de la tribuna legislativa para descalificar al contario no abona en nada al ejercicio democrático y tampoco a las campañas electorales que al menos en Chiapas parecen estar carentes de propuestas.
Resulta evidente que muchos políticos aún no estaban preparados para las reformas electorales vigentes. Es notoria la falta de preparación y entendimiento para afrontar las nuevas «bondades» de una ley electoral que lamentablemente hoy están siendo utilizadas con excesos y graves faltas de respeto.
Urge aquí, en la medida de las posibilidades, acuerdos de civilidad política para que los legisladores y candidatos eviten hacer uso de la tribuna legislativa mientras se desarrollan sus campañas electorales, manteniéndolos dentro del trabajo legislativo como marca la ley, pero fuera de todas las tentaciones que ofrece el estrado congresista.
El tema va más allá de lo que permite o no la ley, se trata de un asunto de profesionalismo político y respeto a las instituciones, de acuerdos legislativos que permitan establecer límites razonables para las campañas y finalmente dejen al lodazal proselitista fuera de las puertas del Congreso y las instituciones.