El deslinde de Morales Urbina, un acto de sensatez / Hector Estrada

Aunque prefirió obviar el nombre del o los responsables, este martes, en un acto de sensatez, la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María de Lourdes Morales Urbina, reconoció por fin el desfalco de 108 millones de pesos y la malversación de recursos heredados por su antecesor, Adrián Sánchez Cervantes.
En una entrevista concedida al periodista Fredy López Arévalo, la titular del IEPC admitió lo denunciado a través de este espacio donde se expusieron las múltiples irregularidades cometidas por el ex presidente del IEPC que hoy mantienen en graves problemas financieros al organismo electoral de Chiapas.
Pese a que el reconocimiento del escandaloso desfalco demoró alrededor de seis meses, Morales Urbina terminó por hacer oficial la millonaria deuda de 108 millones que el IEPC tiene con proveedores y organismos gubernamentales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Para hacer un poco de memoria, entre las irregularidades más graves destaca la malversación de los recursos otorgados por Hacienda para el pago bimestral que el IEPC debió realizar al Infonavit. Se trata de un monto de 507 mil pesos bimestrales que por órdenes de Adrián Sánchez simplemente no se pagaron a la dependencia federal.
Según consta en la nómina interna del IEPC, Adrián Sánchez Cervantes repartió más de medio millón de pesos bimestrales en 27 supuestas nuevas plazas ejecutivas que se inventó de la noche a la mañana. Es decir, aunque ante la Secretaría de Hacienda se tenía registrada una plantilla de 119 trabajadores, al interior del instituto de elecciones se pagaban 146 salarios.
El desfalco a los fondos del Infonavit etiquetados por la Secretaría de Hacienda se suma un incremento a la deuda del IEPC, pues tan sólo durante dos años (de 2012 a 2014) el lastre financiero se incrementó en alrededor de 43 millones de pesos, pasando de 65 millones a 108 millones 249 mil 272 pesos.
Incluso en años no electorales se registraron facturaciones por montos de cuatro millones de pesos que aún se adeudan, además de un sinfín de contratos exorbitantes que quedaron en la morosidad y dejaron el IEPC en una de sus mayores crisis financieras.
Son cifras que resultan escandalosas, controversiales y comprometedoras. Por ello, bien por la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que finalmente decidió deslindarse de un asunto que amenazaba con enlodar su reciente gestión al frente del organismo electoral.
Según las propias declaraciones de Morales Urbina, ya se encuentra en proceso un juicio ante la contraloría estatal para investigar y llamar a rendir cuentas a quien resulte responsable, en un bochornoso expediente que a todas luces tiene el nombre y apellido de Adrián Sánchez Cervantes por todos lados. Y es que, definitivamente las fechas y pruebas documentales no mienten.
Ojalá la promesa que ha hecho la Consejera Presidenta del IEPC para investigar el asunto y enjuiciar a los responsables no quede en una mera declaración, pues en caso de concluir su administración con este lastre financiero habrá terminado involucrada en omisiones por delitos ajenos que la perseguirán el resto de su carrera política.