El fundamentalismo y la omisión estatal
Este fin de semana, como en otros tantos pasajes vergonzosos de la historia humana, el fundamentalismo, el odio y la intolerancia religiosa salieron nuevamente a las calles para exigir al Estado el no reconocimiento de los derechos civiles de sectores sociales ajenos o contrapuestos a sus doctrinas dogmáticas.
Esta vez el embate de los grupos religiosos tiene como objetivo a la población LGBTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual) del país. Desde hace ya varias semanas, pasando por encima de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, los líderes religiosos en México pusieron en marcha una intensa campaña nacional para promover el rechazo a las familias diversas y convocar a manifestaciones públicas contra este sector social.
Extralimitándose de sus posibilidades legales, los ministros de culto en México han arengado a sus fieles seguidores a salir de sus templos para irrumpir en asuntos del Estado y exigir a los gobernantes (como en otras tantas etapas de la historia) que se «respeten y hagan valer» sus creencias religiosas como leyes generales que normen la vida de todas y todos.
Se trata de los mismos argumentos fundamentalistas a los que con el pasó de los siglos se han tenido que enfrentar los pueblos originarios, los afrodescendientes y las mujeres para exigir el reconocimiento de sus derechos civiles. En todos los casos la iglesia ha sido un mordaz adversario dispuestos a defender los «roles sociales» de sus tradiciones religiosas a costa de lo que sea, incluso de generar víctimas fatales en «nombre de Dios».
Pero la nueva cruzada religiosa contra los derechos civiles del siglo XXI ahora no parece ser tan sencilla para las cúpulas religiosas. Hoy se enfrentan a una sociedad mejor informada y un importante sector poblacional dispuesto defender legalmente sus derechos. Están frente a un nuevo marco constitucional de Derechos Humanos en México, pero sobre todo ante una imagen desgastada de las iglesias, donde los escándalos de pederastia y corrupción son innumerables.
Sí, las marchas de este fin de semana fueron numerosas, pero muy por debajo de las esperadas por las iglesias organizadoras. Lo más destacado del momento histórico ha sido la inmediata reacción de nutridos sectores de la sociedad civil, líderes de opinión y defensores de derechos humanos que inmediatamente activaron campañas de defensa a la población LGBTI y rechazo a las acciones discriminatorias de los grupos religiosos.
La reacción ciudadana contra las iglesias promotoras de la segregación social ha sido sin duda lo más valioso; el mejor mensaje de que la opresión religiosa ya no puede permitirse como en tiempos pasados. Hay un mayor porcentaje poblacional mejor informado y dispuesto a defender la libertad de todas y todos a decidir sobre sus vidas, lejos de creencias personales o de grupo.
Sin embargo, aquí las autoridades mexicanas no pueden seguir siendo omisas. Porque más allá de la violación al Estado laico, resulta inaceptable que las autoridades federales sigan permitiendo a los ministros de culto promover de manera pública el odio y el rechazo a diversidad en México, arengando a las masas y gestando escenarios de tensión y violencia donde el fanatismo fatal es una arma dispuesta para actuar en cualquier momento, y de todo esto, sin duda, el Estado será el principal responsable.
