Posible desfalco en programa Hábitat Chiapas
Son más de 200 millones de pesos destinados a la aplicación de los programas federales «Hábitat» y «Un Cuarto Más» en Chiapas que se supone debieron ser entregados en 2016 y hasta la fecha simplemente no aparecen por ningún lado. Se trata de un asunto que involucrada directamente a la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en un posible desvío de recursos que hoy apunta a un escándalo de corrupción a mayor escala.
Fueron las propias asociaciones civiles beneficiadas quienes abrieron la cloaca este lunes tras denunciar, mediante el espacio editorial «La Esquina Rota», el adeudo de 203 millones 412 mil pesos que la SEDATU en Chiapas no ha saldado desde 2016. El monto millonario corresponde a recursos etiquetados desde 2015 para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 que debieron ser liberados a principios del año pasado.
De manera detallada, para el programa «Hábitat», en el que participan 19 ayuntamientos de Chiapas, debieron ser entregados 42 millones 667 mil 906 pesos; para el programa «Cuartos Rosas» (Un Cuarto Más), en el que participan 49 ayuntamientos, correspondían 139 millones 318 mil 611 pesos; mientras que para las nueve asociaciones civiles que participaron en el mismo programa el recurso faltante asciende a 21 millones 417 mil 861 pesos.
El argumento de la SEDATU en Chiapas ha sido parco y carente de explicaciones convincentes. A los beneficiarios sólo les han dado largas, argumentando simplemente que el recurso «no ha sido liberado», que deben esperar a que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a cargo de Rosario Robles Berlanga, ponga a disposición el dinero que, según la normativa federal, debió ser entregado antes del concluir el ejercicio fiscal de 2016.
Conforme la información fluye las dudas sobre la situación del recurso crece. Y es que, entonces, ¿Por qué los recursos no fueron entregados en tiempo y forma a los beneficiaros? ¿En dónde está el dinero ya etiquetado desde el 2015? ¿Cómo podrá comprobarse en las auditorias correspondientes un recurso que se supone ya fue ejecutado, pero no ha sido realmente entregado a sus destinatarios? ¿Por qué la SEDATU y la SEDESOL han guardado silencio absoluto respecto al tema?
El caso huele a irregularidades y posibles corruptelas que parecen evidentes. La delegación de la SEDATU en Chiapas ha enfrentado durante los últimos años complicados tiempos inestabilidad que han provocado el paso de tres delegados en menos de un año y medio. Sergio Lobato destituido en 2016 tras algunos señalamientos de corrupción; Ricardo Mejía Zayas que sustituyó a Lobato, pero terminó renunciando en diciembre del mismo año, después de numerables cuestionamientos; y ahora Andrei Romero Marín a quien parece que la «bomba de tiempo» le estallará entre las manos.
Para nadie es un secreto que programas como «Hábitat» y «Un Cuarto Más» son regularmente utilizados como medios de financiamiento electoral. Ya antes han sido involucrados en casos de malversación de recursos y corrupción, por lo que no deberá descartarse esa posibilidad en el nuevo caso chiapaneco, sobre todo tratándose de dependencias y programas ligados directamente a figuras tan desacreditadas como Rosario Robles y su amigo Manuel Velasco.
Para evitar que el escandalo tome mayores proporciones, la SEDATU está obligada a entregar los millonarios recursos aún fuera de tiempos reglamentarios. Hay de por medio convenios y compromisos económicos que tienen ya a las asociaciones y empresas ejecutoras entre la espada y la pared, por lo que la cuenta regresiva ya corre en contra del nuevo delegado federal a quien el panorama no pinta nada claro… Así las cosas.
