Es posible la anulación de la elección en Tuxtla
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó anular, por mayoría de votos, la elección de diputados federales del distrito 01 en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, abre una ventana a lo que podría suceder en Tuxtla Gutiérrez con la impugnación de la elección a presidente municipal.
Este martes, la Sala Monterrey del TEPJF sentenció la nulidad en aquel municipio al estimar que se «violaron los principios de neutralidad y equidad», debido a la intervención del gobernador Carlos Lozano, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante el mismo día de la jornada, por lo que fue revocada la constancia de mayoría otorgada al diputado electo.
Lo sucedido en Aguascalientes sienta un precedente en materia de jurisprudencia electoral. Abre las posibilidades a otros procesos de impugnación similares que hoy se encuentran en distintas salas del TEPJF y sucede justo en medio de uno los procesos electorales con mayores anomalías acontecidos en la entidad chiapaneca.
Para que el TEPJF en la Sala Monterrey anulara esa elección federal fue suficiente comprobar que el Gobernador se trasladó, junto parte de su gabinete y los candidatos a diputados federales, a distintos centros de votación. No requirió más pruebas que esa para asegurar que se violaron las reglas de equidad y neutralidad en aquella contienda.
Sí esa sola prueba fue suficiente para echar abajo una elección a diputado federal, las posibilidades para la impugnación de la elección municipal en Tuxtla Gutiérrez, consideradas una de las más escandalosas y anómalas de las que se tengan memoria, podrían estar abriendo aún más sus canales de viabilidad.
Y es que en el caso de la elección a Presidente Municipal en la capital chiapaneca, la documentación de pruebas sobre delitos electorales son evidentemente mayores a las expuestas en el caso Aguascalientes, con videos, fotografías y documentos en medios públicos como las redes sociales.
De acuerdo al juicio de nulidad interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), para corroborar la anomalía electoral en Tuxtla Gutiérrez se entregaron 186 pruebas que demuestran delitos como la coacción del voto y la alteración de actas de escrutinio y cómputo por parte de funcionarios del Instituto de Elección y Participación Ciudadana (IEPC), en favor del candidato oficial.
Entre los tuxtlecos sobran las evidencias sobre el reparto de despensas emanadas de programas como «Canasta Alimentaria de Corazón» del Gobierno de Chiapas, la entrega de recursos del programa Empleo Temporal de Sedesol, el acarreo de votantes y hasta la detención de funcionarios estatales como la directora general del Instituto de Estudios de Postgrado (IEP) del Gobierno de Chiapas, Verónica Rodríguez Montes, atrapada en pleno reparto de dinero para la «compra de votos».
Todo lo anterior, sin mencionar sucesos altamente cuestionables como la suspensión prematura e ilegal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la existencia de una oficina del Partido Verde Ecologista de México dentro del mismo Consejo Municipal Electoral donde se contaron los votos o la entrega de una constancia de mayoría a eso de 3:30 de la madrugada.
Por todo lo anterior no debería extrañar que la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se encuentra el caso Tuxtla, pueda repetir una sentencia similar a la emitida por en el caso Aguascalientes para dar paso a la anulación de las elecciones municipales y, con ello, convocar a una nueva jornada electoral en la capital chiapaneca
