Herencia de violencia y anarquía sigue sangrando a Chiapas
Han sido incentivados, financiados y armados durante años por las mafias de la política estatal y la delincuencia organizada; se trata de los grupos paramilitares y organizaciones violentas que hoy mantienen secuestrados a municipios y regiones enteras de la entidad chiapaneca donde la anarquía impera y la «ley del más fuerte» se ha impuesto a costa de innumerables víctimas.
Lo sucedido este jueves en el municipio de Bochil, donde un elemento de la Guardia Nacional fue herido de muerte tras el desalojo de un bloqueo carretero, es sólo la muestra más reciente y mediática de lo que sucede todos los días en lugares como San Juan Chamula, Pueblo Nuevo, El Bosque, Chenalhó, Chalchihuitán, Rincón Chamula, Carranza y otros tantos más donde los grupos armados se han apoderado de la paz y la tranquilidad.
Las versiones sobre lo ocurrido este jueves todavía son confusas e imprecisas. Si las balas emanaron primero de la Guardia Nacional, si fue un grupo de «sicarios» quienes sólo llegaron a reventar el desalojo o fueron los propios manifestantes quienes comenzaron la agresión, la gravedad del hecho resulta la misma. La nueva insurgencia violenta ha sobrepasado, por mucho, sus más graves antecedentes en Chiapas.
Episodios caracterizados por balaceras o ejecuciones, suceden prácticamente todas las semanas en alguno de los rincones de la entidad chiapaneca, considerados focos rojos. Sin embargo, la gran mayoría se quedan en el anonimato, fuera de las ocho columnas en los medios de comunicación nacionales. Sin víctimas castrenses que eleven su notoriedad y muertos «menos relevantes».
Se trata de la herencia más sangrienta dejada por los gobiernos pasados. Para nadie es un secreto los nombres de los partidos y figuras de la política estatal que han estado detrás del financiamiento, impulso y complicidad a favor de dichas agrupaciones armadas. Se convirtieron durante años en los brazos ejecutores para arrebatar el control político, desplazar a los opositores y asegurar la continuidad de las mafias políticas a costa del miedo.
Se les acostumbró al control irregular de presupuestos federales y estatales, como la entrega en efectivo de recursos para obras públicas y beneficios de poder desproporcionados que al paso del tiempo los volvieron «monstruos» incontrolables. Y los ejemplos sobran. Los casos más recientes tienen que ver con los municipios de Chenalhó y Aldama donde la confrontación entre grupos armados del Partido Verde Ecologista de México y viejos cacicazgos dejaron una ola de muerte y cientos de familias expulsadas.
Durante los últimos años, los linchamientos, casas quemadas, ejecutados, desapariciones y episodios de violencia armada se convirtieron en una constante que ha arrebatado a los pueblos indígenas de Chiapas la tranquilidad de las manos para convertirlos en territorios sin ley. Son sitios que los grupos delincuenciales han ocupado, bajo la complicidad y omisión conveniente de las autoridades.
De acuerdo al más reciente informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), la entidad chiapaneca contabilizó un total de cinco mil 35 personas que se sumaron en 2018 a las cifras de desplazados internos. El estado concentró más del 45 por ciento de la incidencia total a nivel nacional.
Como los desplazados, muchas familias más en Chiapas se han quedado sin alternativa, obligados a normalizar la violencia. No ha quedado de otra que ver morir lentamente la paz y tranquilidad dentro sus pueblos o comunidades, esperando a que la gobernabilidad y Estado de Derecho regrese. Por eso la presencia de la Guardia Nacional se ha vuelto necesaria, pero se requerirán de acciones más contundentes para desarticular finalmente a las viejas estructuras violentas del pasado que ahora se niegan a perder el control de sus bastiones… así las cosas.
