Proyecto busca eliminar protección a Selva Lacandona
Mediante un proyecto de ley que pondría en riesgo a uno de los principales pulmones naturales del país, funcionarios del gobierno federal actualmente estarían impulsando ante el Congreso de la Unión la derogación del decreto que hoy protege a la Selva Lacandona, en Chiapas, de la intervención humana para el desarrollo de complejos turísticos, recreativos o de investigación.
La información hecha pública este lunes por el periodista Arturo Ramos Ortiz, a través del periódico Crónica, señala de manera directa al secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, y al procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, de encabezar las negociaciones internas a fin de derogar el decreto que desde 1978 (con modificaciones en el 2000) impide la actividad humana y la explotación económica en dicho ecosistema.
La propuesta presentada por Toledo pretende cambiar el estatus de la selva para pasarla de Reserva Integral de la Biósfera a Reserva Biocultural; es decir, un espacio que combina la presencia del ecosistema, actividades educativas y de investigación, pero también turísticas y recreativas. Los corredores bioculturales son una alternativa utilizada para recuperar ecosistemas en contacto con seres humanos. Sin embargo, en el caso de Montes Azules ese componente humano no existe, al menos aún.
La investigación expuesta por Crónica señala además la documentación de constantes reuniones del procurador agrario, Hernández Mirón, con representantes de las comunidades agrarias que rodean a la reserva de Montes Azules. De manera específica se indica la presencia de José Jacobo Femat, líder de una organización agrarista que pugna por dotar de tierras nuevas a sus agremiados.
A decir del periodista Aturo Ramos, tanto el titular de Semarnat como el titular de la Procuraduría Agraria han avanzado en sus planes ignorando a la Secretaría de Gobernación, dependencia que abrió un proceso de diálogo intracomunitario para aquella región debido a que diferentes sectores de las comunidades locales, principalmente indígenas choles, tzeltales y de los propios lacandones, viven una división interna.
El primer episodio en esta disputa por retirar la protección rigurosa a la Selva Lacandona es el intento por desalojar las estaciones de monitoreo a cargo de organizaciones civiles, académicas y científicas. Esos puestos de monitoreo han sido los que denuncian, y a lo largo de los años han evitado invasiones en Montes Azules. Son, en los hechos, los ojos del conservacionismo ecológico en aquella región.
Las estaciones de trabajo, cuya operación se respalda por un convenio con la comunidad de indígenas lacandones, está tratando de ser desalojada desde hace 4 años por poblaciones que abiertamente pugnan por ocupar tierras en la Reserva Integral para iniciar cultivos e introducir ganado.
El viernes pasado, en un entorno de amenaza de desalojo violento a los investigadores de las estaciones, según señala la investigación periodística, la Procuraduría Agraria envió una comunicación a los lacandones para instruirles que sometan a asamblea el convenio… sólo que la legitimidad de esa asamblea, propensa a aceptar las invasiones, es la que los lacandones han desconocido.
En medio de este panorama, el proyecto federal Sembrando Vida, destinado a plantar árboles frutales y maderablex, ha llegado a la región. Las zonas en donde ya opera el programa están junto a la Reserva Integral, especialmente en la zona sur y en las inmediaciones del municipio de Marqués de Comillas, justo donde la población beneficiaria estaría implicada de manera en decidir el futuro de dicho ecosistema.
La impresionante selva en Montes Azules, como territorio protegido bajo el título legal de Reserva Integral de la Biósfera, es el último bastión de un ecosistema biológicamente multidiverso (insectos, aves, mamíferos mayores, árboles de altura y antigüedad notables, flores única, entre muchos otros aspectos) que alguna vez se extendió hacia Tabasco, Veracruz y Oaxaca, y hoy podría enfrentar su más grande amenaza del nuevo siglo, paradójicamente, a manos del propio Estado que debería protegerla… así las cosas.
