En la Mira / Hector Estrada

JACOB GARCÍA/CUARTOSCURO.COM

Violencia armada sigue expulsando a familias en Chiapas

Todavía no se ve una salida de solución para los desplazados de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, y un nuevo caso ha sumado este martes a al menos 40 familias del municipio de Chilón a la larga lista de desplazamientos forzados en Chiapas, provocados por la irrupción de grupos armados ligados a los partidos políticos y a los propios gobiernos de municipios indígenas.
De acuerdo a la denuncia hecha por el Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), el pasado 6 de diciembre un grupo de cerca de 20 personas armadas, procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh», atacó a los habitantes de la población de San Antonio Patbaxil, obligándolos a dejar sus hogares.
Son un total de 190 niños, mujeres, ancianos y hombres, integrantes de 40 familias, quienes salieron de sus hogares para resguardarse en comunidades vecinas o dispersarse en las montañas cercadas por el grupo armado. Y no es un hecho aislado en la zona. Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, se trata del mismo grupo agresor que en junio de 2018 desplazó a familias de la comunidad Carmen San José.
Desde el 15 de octubre el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reportó la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente del terror que vive la población por el cerco armado. Y es que existen otros focos rojos dentro de la región, con principal efervescencia en las comunidades de Verapaz, Tzubute’ El Santa Rosa, del municipio de Chilón, y Santa Cruz ,en el municipio de Sitalá, que también se encuentran en alto riesgo.
Y los antecedentes sobran. Hace alrededor de dos años cuatro mil pobladores de la región ubicada entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán dejaron sus casas para recluirse en las montañas, debido a los conflictos por un terreno de 60 hectáreas. El Tribunal Agrario de Chiapas deliberó en diciembre de 2017 a favor de Chenalhó; resolvió que el territorio había sido cedido erróneamente a Chalchihuitán por la extinta Secretaría de Reforma Agraria (SRA); pero las cosas se complicaron aún más.
Ante este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió a mediados de año una recomendación para solicitar medidas cautelares a favor de los desplazados, ante el recrudecimiento de la violencia que afectó a tres mil personas que habitaban en las comunidades de Chiquinshulum, Joltealal, Canech, Tzununil, N»amtic, Lobolaltic, Mashilo, Tzacucum, Pacanam, Tulantic y Kotolchij, de Chalchihuitán, así como de aproximadamente mil más de las comunidades de Tzajalchen, Cha»cojton, Chimtic, Pajalto y Majonpepentik, ubicadas en el municipio de Chenalhó.
Apenas el pasado mes de junio la historia de 66 niños tsotsiles desplazados por la violencia paramilitar atrajo la atención de medios nacionales. Los hechos ocurrieron cuando seis hombres armados entraron en una camioneta a la comunidad San Pedro Hidalgo y perpetraron el primer ataque del día que dejó una persona herida y pánico entre la población, mayoritariamente integrada por niños y madres.
En su última visita a Chiapas, Alexandra Bilak, directora internacional del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), reconoció que los indígenas son actualmente el sector que más padece el desplazamiento forzado en México. Precisó que, en la década reciente el gobierno mexicano ha sido omiso ante este fenómeno derivado de la violencia que afecta a cientos de miles de personas.
Y el asunto tiene que ver de fondo con la violencia emanada de los propios grupos políticos que se debaten el poder en los municipios indígenas de Chiapas. Se han acostumbrado a usar la violencia como método para imponerse ante los adversarios políticos y las comunidades que se niegan a «doblegarse». Detrás está el financiamiento de los partidos políticos y los mismos gobiernos que finalmente han decidido seguir utilizando «el terror» como arbitraria medida de control… así las cosas.

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