En la Mira / Hector Estrada

Chamula y el estado de excepción

[dropcap]H[/dropcap]ablar de los pueblos indígenas de Chiapas y la aplicación efectiva del Estado de Derecho en sus territorios resulta siempre un tema controversial, sobre todo cuando los hechos implican la violación más grave a los derechos humanos como lo es la privación de la vida.
El nuevo caso de linchamiento suscitado este martes en San Juan Chamula, donde dos presuntos ladrones de automóvil (que aparentemente mente resultaron inocentes) fueron «arrebatados» de las instalaciones de la policía municipal por una turba enfurecida para luego ser golpeados, asesinados y quemados, deja en profundo estado de indignación a cualquiera.
Y es que, los linchamientos no son un tema nuevo para los pueblos indígenas de la entidad chiapaneca. Cada año entre uno y tres asesinatos públicos y arbitrarios son registrados en esos territorios de Chiapas donde las autoridades judiciales parecen rebasadas y se ostentan como simples espectadoras.
Para quienes se han visto involucrados en la resolución de asuntos administrativos o legales dentro de dichas regiones, principalmente en Chamula, sabe bien que esas zonas de la entidad parecen vivir en un «estado de excepción». En la práctica, ahí la lógica jurídica simplemente no aplica como en el resto de país.
Y no se trata de satanizar o victimizar a nadie. El asunto se sustenta en una cuestión de legalidad y garantía a los derechos humanos, enmarcados por la propia Constitución Mexicana, que no se están haciendo efectivos por razones que pueden tener diversos argumentos políticos, pero que definitivamente no tiene justificación.
Los secuestros a funcionarios públicos, miembros de sociedad civil, elementos de seguridad y personal de organismos como la CFE son acontecimientos de recurrencia en los que las soluciones no van más allá de diálogos diplomáticos y acuerdos políticos que terminan excusando delitos tan graves como los perpetuados.
Durante décadas el Estado Mexicano ha permitido la construcción de marco jurídico permisivo para comunidades indígenas que (en muchos casos) han hecho de los «usos y costumbres» la excusa perfecta para solapar innumerables violaciones a los derechos humanos tanto de extraños como de propios.
Aunque debe reconocerse que el tema se trata de un asunto complejo por su naturaleza, con la sensibilidad social que enmarca a los pueblos originarios, las dificultades para establecer acuerdos, su pluriculturalidad y la radicalización de las comunidades, resulta innegable la urgencia de establecer mecanismo de análisis para resolver esta añeja situación.
Acabar con el estado de excepción e impunidad en que viven algunas de las comunidades indígenas es una situación que debe abordarse con premura, pues mientras las condiciones se mantengan en ese tenor el Estado Mexicano permanecerá como un ente omiso y cómplice de violaciones a los derechos humanos que ya no deberían considerarse parte de «la normalidad» en ninguna sociedad actual.

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