Ilegalidad electoral lista para tomar protesta
Con la conclusión del mes de septiembre y la toma de protesta de los alcaldes y diputados locales concluye también un proceso electoral en Chiapas que quedará marcado en la historia como uno de los peores ejemplos de la pudrición que hoy corroe a las instituciones electorales en México y la cínica «simulación democrática» que padece el país.
Lo sucedido en Chiapas durante este proceso electoral que hoy concluye ha rebasado todos los límites preexistentes en lo que a ilegalidad electoral se refiere. Aquí no hubo disimulo ni vergüenza tanto de parte de los candidatos infractores como de las propias autoridades que funcionaron como simples órganos de legitimación a la arbitrariedad.
Desde el inicio del proceso la permisividad de las instituciones locales dejaba ver la catástrofe electoral que se avecinaba. Ostentosas precampañas simuladas por parte de candidatos oficiales inundaron las ciudades de la entidad chiapaneca con total libertad, sin que la aplicación de la normatividad electoral se hiciera presente.
Ni las denuncias formales o los señalamientos mediáticos sirvieron de algo para activar las obligaciones del árbitro electoral y meter en cintura a los adelantados. Desde antes de iniciar las contiendas los organismos de fiscalización brillaron por su ausencia. Y tal vez desde ese entonces se anunciaba lo que resultaría inminente.
Y así fue. En Chiapas se vivió una contienda inequitativa e ilegal desde su origen, con candidatos oficiales llenos de privilegios, excesivas cargadas gubernamentales y sobrexposición mediática; a diferencia de candidatos de oposición obstaculizados por completo, amedrentados y difamados mediante costosas campañas.
Pero lo que sucedió durante la jornada electoral rebasó todos los «estándares» de cinismo posible. La intervención del gobierno para garantizar la imposición de sus candidatos desfiló en las calles con descaradas muestras de ilegalidad electoral.
La compra de votos, acarreo de votantes con transporte público, uso de programas sociales para la coacción del sufragio y hasta la detención de funcionarios de alto nivel en flagrancia, fueron documentados y hechos públicos de manera masiva. A nadie le quedó duda de las ilegalidades cometidas ese día.
Hoy la controversia post electoral mantiene a Chiapas sumido en un estado de violencia y efervescencia que amenaza con impedir algunas tomas de protesta. Los ejemplos de la movilización social en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Juan Chamula son las más claras muestras de la inconformidad y enfado de una ciudadanía que siente violentada.
Los tribunales electorales demostraron su anómala vocación como nuevos instrumentos de legitimación a la ilegalidad electoral. No hubo marcha, protesta, prueba pública o procedimiento legal que cambiara las determinaciones tomadas y acordadas desde el poder ejecutivo en Chiapas. La ciudadanía ha quedado sola ante un Estado de simulación democrática.
Y así, pese a todo y ante todo, este 1 de octubre la ilegalidad electoral expresa en la figura de los candidatos declarados ganadores tomará protesta de ley para los próximos tres años en los que a los ciudadanos no nos quedará de otra más que convertirnos en vigilantes permanentes de la acción gubernamental y no caer en el desánimo depresivo que genera esa sensación de «desamparo y soledad ciudadana».
