El aborto, entre la moral y la salud pública
[dropcap]L[/dropcap]a criminalización de algunos derechos reproductivos de las mujeres en México sigue siendo un tema pendiente que genera controversias lógicas, pero también se sustenta como una excusa para la práctica recurrente de violaciones a los derechos humanos contra un sector sometido aún al machismo y las viejas concepciones moralistas.
La «satanización» del aborto en pleno siglo XXI y su exclusión de los análisis legislativos por razones meramente políticas siguen cobrando la vida de miles de mujeres que, con todas y las prohibiciones legales, hacen uso de clínicas clandestinas o métodos de alto riesgo para la interrupción de su embarazo.
Y es que, las cifras hablan por sí solas. En México, los abortos inseguros causan alrededor del 11 por ciento de decesos maternos (totalmente prevenibles), lo que obliga a tratar al tema no sólo en términos de derechos humanos y justicia social, sino también como una urgencia en materia de salud pública.
Según el estudio Género e Igualdad, Análisis y Propuestas para la Agenda Pendiente, la atención en hospitales a causa de la práctica clandestina del aborto va en aumento. Se estima que el número de mujeres en esta situación, de los 10 a los 54 años de edad, fue de un millón 604 mil 976 entre los años 2000 y 2008.
En este contexto, resaltan los datos recabados en la más reciente Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT), los cuales refieren que mientras en el 2005 la tasa de fecundidad en adolescentes era de 30 por cada mil mujeres para el 2011 repuntó a 37 por cada mil. Lo anterior significa que cada año 500 mil niñas y adolescentes mexicanas, entre los 10 y los 19 años, se embarazan sin planearlo.
La situación resulta preocupante pues revela un fracaso en las políticas preventivas de salud sexual y reproductiva. Pero además pone de manifiesto la falta de reconocimiento a las actividades sexuales de las y los adolescentes quienes recurren al aborto de manera clandestina, sin la seguridad que podría otorgar el sistema de salud nacional.
El Distrito Federal es un caso emblemático donde, desde la despenalización del aborto en el marco normativo local, las cifras han ido a la baja. En aquella entidad las muertes por abortos mal practicados disminuyeron casi en un cien por ciento.
A ocho años de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se ha registrado sólo una muerte por esa causa, teniendo en cuenta que actualmente alrededor del 90 por ciento de las mujeres en esa entidad que deciden interrumpir la gestación asisten ya a clínicas certificadas en la materia.
Ante tan reveladores datos, sorprende que durante los últimos años 18 de los 32 estados de México han aprobado reformas que «protegen la vida» desde la concepción o la fecundidad; en algunos de ellos, como Hidalgo y Guanajuato, incluso se castiga con cárcel a quienes abortan. Concibiendo a las mujeres como simples incubadoras obligadas a la procreación desde su fecundación ovular.
Como resultado de las legislaciones criminalizantes, entre 2009 y 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto en el interior de la República, según un informe no oficial de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El caso más reciente en Chiapas sucedió apenas la semana pasada cuando una mujer, con diagnóstico de aborto espontaneo, asistió al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez donde fue denunciada por personal del mismo centro hospitalario y amedrentada por agentes del Ministerio Público debido al presunto delito de aborto provocado. Generando una penosa situación de hostigamiento en tan incómoda situación.
Más allá de la censura generada por las concepciones moralistas y religiosas, hoy el tema exige discusiones serias y análisis equilibrados que le den la verdadera dimensión al asunto como problema de salud pública, derechos humanos y justicia social para reconocer la interrupción del embarazo como parte esencial de los derechos reproductivos y así dejar de criminalizar a las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo.
