En la Mira / Hector Estrada

Endurecen venganza política contra Paco Rojas

Redacción

[dropcap]N[/dropcap]o cabe duda que la encomienda emanada desde tierras chiapanecas para el «ajuste de cuentas políticas» en contra del ex candidato panista Francisco Rojas Toledo es un asunto de alta recomendación a nivel federal que ha colocado dicho proceso judicial en estándares delincuenciales sobredimensionados.
Y es que, sin pruebas fehacientes de los hechos, recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó el «congelamiento» a todas las cuentas bancarias del ex candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez como parte del proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de «lavado de dinero».
Teniendo como único argumento una denuncia emanada de partidos opositores, así como dos videos de procedencia ilegal que no comprueban delito alguno, la PGR decidió actuar de manera tajante contra los bienes económicos del panista, impidiendo el uso de su dinero depositado en cuentas bancarias mientras dure la investigación.
El trato que la PGR está dando a Rojas Toledo no sólo es vergonzoso por el contexto político en que se desarrolla, también resulta una evidente violación al derecho constitucional que éste tiene a un «debido proceso», pues la Procuraduría está pasando por alto la presunción de inocencia que debe regir todo proceso judicial en México (Todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario).
Pocas veces se ha visto en Chiapas semejante trato a un ex candidato a presidente municipal. La severidad de proceso judicial hace parecer que el caso se tratara de un verdadero delincuente, digno de las más sigilosas investigaciones en su contra para inhabilitarlo o perjudicarlo judicial, profesional y económicamente.
Pero este proceso judicial tan duro, ensañado y escrupuloso también deja ver el dudoso comportamiento de un organismo tan importante para la justicia mexicana como la Procuraduría General de la República que evidentemente no aplica la ley, ni persigue el delito de «manera pareja» en todos los casos denunciados.
No persiguió el delito ni investigó de la misma manera a Arturo Escobar tras haber sido detenido con un millón de pesos en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo; tampoco lo hizo contra la directora General del Instituto de Estudios de Posgrado (IEP), Verónica Rodríguez Montes, detenida durante la jornada electoral en pleno proceso de compra de votos.
En el caso de Francisco Rojas resulta clara la consigna de revancha política para amedrentar y castigar al candidato opositor que tanto fastidió las estrategias fraudulentas del «gobierno verde» en busca de quedarse con la alcaldía de la capital chiapaneca y consumar un fraude generalizado de manera silenciosa.
Ante procedimientos tan viscerales y anómalos, la PGR está dando pasos equivocados, pues abre la posibilidad de nuevos canales de defensa para Rojas Toledo, al tiempo de evidenciar de forma descarada el trasfondo político que mueve dicho proceso judicial federal que hoy busca a toda costa consumar la venganza política contra el panista tuxtleco.

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