EU endurece su mensaje contra posibles redes de protección política al narcotráfico. México mantiene su postura de cooperación, pero con pruebas y respeto a la soberanía
AquíNoticias Staff
Sara Carter, directora de la política antidrogas de la Casa Blanca, afirmó que Washington buscará identificar y responsabilizar a políticos de México o Estados Unidos que colaboren con organizaciones criminales. El mensaje llega días después de que Donald Trump exigiera a México actuar contra funcionarios corruptos, mientras Claudia Sheinbaum reivindica cooperación sin subordinación.
La presión de Washington sobre México incorporó este fin de semana un mensaje dirigido expresamente a la clase política: Estados Unidos buscará identificar y hacer rendir cuentas a funcionarios o políticos que colaboren con los cárteles del narcotráfico.
Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, sostuvo en una entrevista difundida este 20 de septiembre por Esta Semana con Ilia Calderón, de N+ Univision, que la administración de Donald Trump pretende actuar contra quienes faciliten las operaciones de esas organizaciones tanto en México como en territorio estadounidense.
La declaración no incluyó nombres ni anunció nuevas acusaciones contra políticos mexicanos. Carter precisó que eventuales cargos o sanciones corresponden a otras agencias estadounidenses, pero señaló que el gobierno puede revocar visas cuando existan sospechas de colaboración o apoyo a los cárteles.
El mensaje adquiere mayor peso por el momento en que ocurre. Apenas unos días antes, Trump había reclamado públicamente mayores acciones contra la corrupción vinculada al crimen organizado en México y pidió que funcionarios que colaboren con los cárteles sean arrestados y procesados. El planteamiento formó parte de la nueva ofensiva antidrogas de Washington presentada ante el Congreso estadounidense.
La Casa Blanca informó el 16 de septiembre que Trump entregó al Congreso su lista anual de 23 países considerados relevantes para la producción o tránsito de drogas hacia Estados Unidos. Cuatro —Afganistán, Bolivia, Myanmar y Colombia— fueron señalados específicamente por Washington como países que, según su evaluación, no realizaron esfuerzos suficientes durante los últimos 12 meses.
La advertencia de Carter, por tanto, amplía la presión más allá de las operaciones contra organizaciones criminales: coloca también bajo la atención de Washington a las redes políticas que, desde la perspectiva estadounidense, puedan facilitar, proteger o colaborar con ellas.
Pero el mensaje llegó acompañado de un reconocimiento al gobierno de Claudia Sheinbaum. Carter destacó la cooperación bilateral contra los cárteles y señaló que Estados Unidos pretende profundizar el intercambio de inteligencia respetando la soberanía de ambos países. Al mismo tiempo, planteó que México destine mayores recursos a sus fuerzas de seguridad y aumente su capacidad operativa contra las organizaciones criminales.
Esa combinación —reconocimiento y presión— se ha convertido en uno de los rasgos centrales de la relación bilateral en materia de seguridad: Washington reconoce resultados mexicanos, pero continúa reclamando acciones adicionales contra los cárteles y las redes de protección que puedan rodearlos.
Desde Palacio Nacional, la respuesta mexicana ya había marcado un límite. El 17 de septiembre, Sheinbaum respondió a las exigencias de Trump afirmando que México no necesita ser juzgado desde el extranjero y sostuvo que su gobierno actúa cuando existen pruebas contra funcionarios vinculados con actividades ilícitas, sin distinción partidista. También pidió que Estados Unidos rinda cuentas sobre sus propios resultados en consumo de drogas, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas hacia México.
La postura de la presidenta mantiene la línea que ha repetido frente a Washington: coordinación en seguridad, pero sin operaciones extranjeras que vulneren la soberanía mexicana. El 10 de septiembre reiteró que la cooperación puede continuar siempre que cada país actúe dentro de su territorio y que “la soberanía no se negocia”.
La entrevista con Carter también mostró que la agenda estadounidense va más allá de los políticos. La funcionaria advirtió sobre la aparición de nuevos derivados sintéticos del fentanilo, entre ellos carfentanilo y fluorofentanilo. La propia Casa Blanca informó el 15 de septiembre que el carfentanilo puede alcanzar una potencia de hasta 100 veces la del fentanilo y que distintos análogos han sido vinculados con miles de muertes en Estados Unidos desde 2023.
Para Washington, la estrategia contra esas sustancias pasa por atacar toda la cadena: precursores químicos, laboratorios, rutas de tráfico, financiamiento, organizaciones criminales y posibles redes de protección institucional. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2026 establece expresamente que Estados Unidos utilizará distintas herramientas para exigir mayores acciones a los países considerados fuente o tránsito de drogas.
El nuevo mensaje de Carter no prueba la existencia de una lista pública de políticos mexicanos bajo investigación ni permite concluir que habrá acusaciones inmediatas. Sí confirma que la administración Trump considera la posible colaboración política con los cárteles como parte de su estrategia antidrogas y que las visas, las investigaciones financieras y las acciones de distintas agencias estadounidenses pueden formar parte de esa presión.
Para México, la discusión tiene dos planos. El primero es interno: investigar y, cuando existan pruebas, procesar a servidores públicos que colaboren con organizaciones criminales. El segundo es bilateral: determinar hasta dónde puede llegar la cooperación con Estados Unidos sin trasladarle decisiones que corresponden a las instituciones mexicanas.
Esa tensión probablemente continuará. Washington insiste en que combatir a los cárteles exige también perseguir a quienes desde el poder los protejan. México sostiene que esas investigaciones deben realizarse con pruebas, dentro de la legalidad y bajo su propia soberanía.
El mensaje más reciente deja una señal clara sobre la relación bilateral: para la administración Trump, el combate al narcotráfico ya no se limita a capturar jefes criminales o decomisar drogas; también pretende poner bajo escrutinio a quienes, desde cargos públicos, puedan facilitar sus operaciones.
