Recién planteábamos la necesidad de garantizar que en Chiapas no ocurriera una tragedia como la acaecida en Puebla con la aplicación de la llamada ley bala.
Recordamos que en mayo pasado, el congreso local aprobó el Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de las corporaciones policiacas.
Referimos que aunque hubo voces discordantes por considerarla una medida represiva, era necesario homologar en la legislación local protocolos de actuación por parte de los elementos de seguridad.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo del estado respondía a la estrategia de seguridad nacional, no era una invención, pero debemos conceder que se ponía en manos de elementos poco confiables el uso de la fuerza.
Afortunadamente desde su aprobación no hubo necesidad de hacer frente a conglomerados de personas violentas, y digo afortunadamente porque no ha habido el tiempo suficiente para la profesionalización de las policías locales.
Pero en un estado con tantos matices como el nuestro cualquiera enciende la mecha y pum, un herido, un descalabrado, un muerto, y claro, tendencia ciudadana habitual, todita la culpa es del gobierno.
Con la futura abrogación del código del uso de la fuerza en Chiapas, promovida ayer por el mismo Ejecutivo, no se debe pensar que se renuncia a una de las principales facultades del Estado, pero tampoco este hecho es precisamente un triunfo de la ciudadanía, como les conviene vender a algunos.
Lamento desilusionarlos, pero el cálculo es político. Lo que ocurre es que el costo de uno o más muertos en medio de una legislación que pone en tela de juicio a las autoridades, es demasiado alto.
Recién lo vimos con uno de los gobernadores más populares del país: Rafael Moreno Valle, pues ahora tendrá que caminar el trecho que le falta como todo un represor, porque cuando ocurrió la muerte del niño poblado su legislación estaba vigente. Luego la echó para atrás, pero el daño a su imagen ya estaba hecho.
Los asesores de Manuel Velasco, otro de los punteros de popularidad, vieron innecesario arriesgar, aprendieron del error ajeno y rectificaron. Función básica de asesoría: prever escenarios adversos para ahorrarle dolores de cabeza al jefe.
El que haya o no código no va a cambiar las cosas. Prever que no se desate el chamuco es como prever un sismo y si hay violencia y vandalismo, habrá uso de la fuerza, pero los costos políticos serán por mucho menores.
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