La diputada federal con licencia fue designada gobernadora interina después de que Rubén Rocha Moya volvió a separarse del cargo. Su trayectoria combina activismo social, Congreso, administración estatal y más de una década dentro de Morena
AquíNoticias Staff
Sinaloa ya tiene una nueva persona al frente del Ejecutivo. Graciela Domínguez Nava rindió protesta como gobernadora interina después de que el Congreso estatal aceptó la segunda licencia indefinida de Rubén Rocha Moya, quien había regresado al cargo apenas unas horas antes de volver a separarse.
La designación ocurre en un momento particularmente delicado para el estado. Rocha enfrenta acusaciones formuladas en Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, señalamientos que él ha rechazado. Su breve regreso al gobierno provocó además críticas dentro de Morena y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que su reincorporación no había sido adecuada.
El Congreso eligió a Domínguez este 25 de agosto para cubrir la ausencia de Rocha. De acuerdo con reportes de la sesión, recibió 31 votos frente a seis, con lo que asumirá la conducción del gobierno durante la etapa final del actual sexenio.
Su llegada no representa la aparición repentina de un perfil desconocido. Domínguez, nacida en 1976 y licenciada en Sociología, acumula más de dos décadas en política, movimientos sociales y administración pública.
Antes de llegar a cargos legislativos participó en movimientos relacionados con pescadores, derechohabientes del Infonavit y familias desplazadas por la construcción de la presa Picachos. También ejerció como docente y trabajó en espacios de vinculación académica.
Su carrera partidista comenzó en el PRD, donde militó entre 1999 y 2013. En 2007 llegó por primera vez al Congreso de Sinaloa y posteriormente se incorporó a Morena. Regresó al Legislativo estatal en 2018, etapa en la que presidió la Junta de Coordinación Política, coordinó a la bancada morenista y encabezó la Comisión de Fiscalización.
La relación política con Rubén Rocha Moya se volvió especialmente visible en 2021. Cuando éste asumió la gubernatura, la nombró titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, cargo que desempeñó hasta febrero de 2024.
De ahí proviene, en buena medida, que distintos medios y actores políticos la ubiquen dentro del entorno del llamado “rochismo”. El término, sin embargo, requiere contexto: Domínguez ya tenía una trayectoria propia en la izquierda, el Congreso y los movimientos sociales antes de integrarse al gabinete de Rocha.
En 2024 dejó la Secretaría de Educación para competir por una diputación federal por el Distrito 1 de Sinaloa. Ganó con alrededor del 71.24 por ciento de la votación y llegó a la Cámara de Diputados, donde participó en las comisiones de Educación, Pesca y Transparencia y Anticorrupción.
Ahora deja temporalmente San Lázaro para enfrentar un encargo mucho más complejo.
Domínguez recibe un estado donde la crisis no es solamente política. Sinaloa arrastra una prolongada escalada de violencia derivada de disputas internas del crimen organizado, además de afectaciones económicas y sociales. A eso se suma la incertidumbre institucional provocada por el caso Rocha y la necesidad de mantener coordinación entre el gobierno estatal y la Federación.
Su nombramiento también modifica el escenario rumbo a 2027.
Domínguez aparecía entre los perfiles políticos vinculados con la futura sucesión estatal. Sin embargo, la Constitución federal establece que una persona que desempeñe una gubernatura interina durante los dos últimos años del periodo no puede ser electa para el periodo inmediato. Dado que asumirá dentro de ese tramo final del sexenio, su llegada al Ejecutivo cambia de manera sustancial cualquier cálculo previo sobre una posible candidatura.
Ese detalle convierte el nombramiento en algo más que una sustitución administrativa.
Graciela Domínguez pasa de ser una figura dentro de la competencia política sinaloense a cargar con la responsabilidad de cerrar un gobierno golpeado por acusaciones, divisiones internas y una crisis de seguridad que antecede a su llegada.
La etiqueta de “rochista” explica parte de su historia reciente, pero no alcanza para explicar el reto que ahora tiene enfrente. Su gestión será evaluada por algo mucho más concreto: si consigue recuperar estabilidad institucional y conducir a Sinaloa hasta la siguiente renovación del poder sin profundizar la crisis que hereda.
