Enfrentando las elecciones más largas y caras de la historia de Chiapas, el organismo electoral local no cuenta con los recursos económicos suficientes para imprimir papeletas, mamparas, renta de 146 inmuebles y pagar el salario de los capacitadores electorales y personal de casillas, menos aún para financiar un programa de promoción del voto en Chiapas y en el extranjero, detalla la consejera presidenta
Fredy López Arévalo
[dropcap]L[/dropcap]as del tercer domingo del 2015 serán las elecciones más largas y más caras de la historia de Chiapas, según María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Pero no sólo eso.
Según Morales Urbina, se preparan y organizan con un gran déficit presupuestario.
Hoy día, el IEPC no cuenta con los recursos económicos suficientes para imprimir papeletas, mamparas, renta de 146 inmuebles, y pagar el salario de los capacitadores electorales, y personal de casillas, menos aún para financiar un programa de promoción del voto en Chiapas y en el extranjero.
«Las elecciones del 2012 duraron cinco meses y costaron 328 millones de pesos; las del 2015, duran 11 meses. Se alargó mucho tiempo el proceso, y autorizaron el mismo presupuesto que las del 2012», refiere.
Más aún: las elecciones, que de manera oficial comienzan el 20 de mayo con la notificación de precandidatos al IEPC y concluyen en la jornada electoral del domingo 19 de julio, también serán las elecciones más concurridas, por el número de partidos políticos que participan (10 de registro nacional y dos con registro local), el número de aspirantes a candidatos en ayuntamientos y diputaciones, incluyendo, por primera vez, la posibilidad de las candidaturas ciudadanas, las coaliciones y las candidaturas comunes, donde sí pueden concurrir partidos con registro nacional y los de registro reciente, como los partidos locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido.
«Los partidos nuevos no pueden coaligarse, pero sí pueden tener candidatos comunes con otros partidos», dice María de Lourdes Morales Urbina, quien nació el 5 de febrero de 1969 en Jiquipilas; estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho, Campus III, de la UNACH, con sede en San Cristóbal de Las Casas; y fue magistrada del Poder Judicial del Estado hasta que el Consejo General del INE la designó magistrada presidenta del IEPC por siete años.
—¿Cómo halló el IEPC al asumir la presidencia?
—»Con 108 millones de deuda. Se debe a proveedores, al SAT, Infonavit, IMSS, 2 por ciento sobre nómina. Ya inicie juicio ante la contraloría contra quien o quienes resulten responsables. El contralor tiene que determinar… yo ya hice mi parte, porque si no también incurriría en responsabilidades, por omisión, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos», responde.
El calendario electoral establece muy claramente el cronograma para los comicios: del 21 y 30 de mayo, las precampañas; del 10 al 12 de junio, el registro de candidatos; y del 16 de junio al 15 de julio, las campañas político-electorales. Las votaciones serán el 19 de julio, que cae en el tercer domingo del mismo mes.
Según las nuevas reglas del juego, uno, dos o más partidos políticos pueden optar por los candidatos comunes en algunos municipios o distritos o recurrir a tres formas de contender coaligados para buscar la obtención del voto.
1) Por coalición total, que es por el 100 por ciento de los puestos en ayuntamientos y distritos
2) Por coalición parcial, que es del 25 y hasta el 49 por ciento.
3) Por coalición flexible, que es menos el 25 por ciento.
El principal problema al que se enfrenta el IEPC, según su consejera presidenta, es el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, de 445 millones de pesos, incluyendo ahí los 200 millones de financiamiento a partidos políticos, el gasto corriente para 3 mil 963 plazas, el pago de trabajadores eventuales, 130 de confianza, y mil 773 capacitadores electorales, cuyos salarios son compartidos con el Instituto Nacional de Elecciones (INE).
«Sólo en eso van 287 millones, más los 200 millones de financiamiento a partidos… ¡Ya me pasé del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para las elecciones de julio del 2015! ¿Y con qué voy a imprimir las boletas electorales, con qué voy a financiar el PREP (Programa de Resultados Preliminares), la promoción del voto, la renta de 146 inmuebles, y el voto en el extranjero?» ¡No hay tu paga!, exclama Morales Urbina, en entrevista concedida en su despacho del IEPC, en la 9ª Norte, en Tuxtla Gutiérrez.
La cita con María de Lourdes Morales Urbina es el miércoles 18 de marzo del 2015 en su despacho, en el 4º piso del edificio del IEPC, al que hay que subir por las escaleras debido a que el elevador se halla averiado. En una oficina contigua a su despacho se escuchan voces. «¡Son los representantes de los 12 partidos con registro…! A ellos tampoco se les ha pagado porque no hay tu paga», refiere.
—¿Y cuánto devenga cada uno de ellos?, pregunto.
—»La ley dice que es discrecional…», responde.
Luego de su designación como consejera presidenta del IEPC, Morales Urbina solicitó un presupuesto de 933 millones de pesos.
—»No me lo concedieron», dice.
—¿Quién no se lo concedió…?
—»El Congreso del Estado y la Secretaría de Hacienda…», responde.
Y agrega: «Haciendo ajustes, omitiendo gastos de operación, pedimos 868 millones, incluyendo el monto de financiamiento de partidos políticos por 141 millones 518 mil pesos, por lo que tomando en cuenta la tabla de adecuación que marca la Constitución, falta 47 millones 620 mil pesos, sólo de financiamiento de partidos políticos. Es decir, los diputados ni siquiera aprobaron su propio financiamiento a partidos políticos. No sé en base a qué lo hicieron. Yo quiero suponer que esta aprobación del presupuesto fue en base a la reforma constitucional, a un aumento en el porcentaje del 60 por ciento de lo que venía dándose. Ellos no lo vieron… Voy pagando enero, febrero y marzo. No he llegado al problema, pero ya se acabó el dinero. Ellos mismos se hicieron harakiri. No hubo apoyo ni para gastos de operación para representantes de los 12 partidos ante el IEPC», sostiene.
A la fecha, la consejera presidenta del IEPC ha emitido tres medidas cautelares, las tres contra militantes de los partidos en el gobierno: el PRI y el PVEM.
Manuel Sobrino, Willy Ochoa y Carlos Penagos. El primero, secretario del Trabajo; el segundo, diputado federal, y el tercero secretario del Deporte. Dos de ellos funcionarios del gabinete del gobernador Manuel Velasco Coello.
«Nunca en la historia se habían emitido medidas cautelares por actos anticipados de campaña a los partidos en el poder. Por eso dicen que soy de izquierda, pero yo lo que trato de ser es imparcial», declara.
—»¡Y vienen otras…!», adelanta.
—¿Contra quienes…?, inquiero.
—»Bayardo Robles Riqué y Emilio Salazar Farías… la Oficialía Electoral realiza las investigaciones del caso… en el IEPC nos basamos en hechos denunciados», asegura.
—¿Es una falta grave…?, insisto.
—»Es delito, incluso usar el nombre de una dependencia y posicionar tu imagen. No sólo es un acto anticipado de campaña…», acota.
Retomo el tema del presupuesto…
—¿Y qué le ha dicho la Secretaría de Hacienda respecto al déficit presupuestario?
—»Que nos van a resolver vía ampliaciones, pero no sabemos cuándo…. Ésta es una elección cara», subraya.
Y agrega: «Lo interesante de esta elección es que por primera vez serán sujetos a reelección presidentes y diputados locales».
—¿Qué va a pasar con los casos, sonados ya, en que hermanos, cónyugues o primos de presidentes municipales en funciones pretendan ser candidatos?
-En la Constitución del Estado de Chiapas se establece la prohibición a candidatos por consanguinidad hasta en tercer grado con presidentes municipales en funciones; pero la Constitución Federal no dice nada al respecto. Así que se puede aplicar la local, que prohíbe, pero al final prevalece la Constitución General de la República, que tiene preeminencia sobre la local. Prevalece, entonces, la protección más amplia de los derechos ciudadanos, de derechos políticos, el de votar y ser votado consagrado en el Art. 35. Así que cualquier aspirante o candidato que se sienta afectado por la disposición local, puede recurrir al amparo y ganarlo, incluso brincarse el Tribunal Electoral local e irse directamente a la Sala Xalapa, en Veracruz.
De hecho, la magistrada presidenta refiere un caso, que puede sentar jurisprudencia. «El establecido en los expedientes 110/2008 y 111/2008 acumulado, en contra del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Guanajuato, emitido por el Pleno de la Corte ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano».
—¿Qué aplica en el caso de Carlos Penagos, quien se dice no cumplió con retirar la publicidad que el IEPC pidió retirar en su amonestación pública?
—»Procede la multa, porque la Oficialía Electoral le dio un plazo de 48 horas para borrar los anuncios de posicionamiento de imagen por la que lo denunciaron. Si se comprueba que él no acató el mandato del IEPC, viene la multa», dice.
Según Morales Urbina, la Oficialía Electoral del IEPC ha recibido hasta este momento 26 quejas y denuncias por probables actos anticipados de campaña en contra de servidores públicos y ciudadanos.
—¿Qué procede…?
—»Por actos de propaganda electoral anticipada, se emiten apercibimientos, amonestaciones y multas, mismas que pueden ir de 500 a 5 mil días de salario mínimo, hasta la pérdida del registro de precandidatos o candidatos, dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados», sostiene.
—¿Cómo hubiesen resultado más baratas las elecciones de julio?
—»Si hubiéramos ido a elecciones concurrentes. Eso hubiera costado 77 millones de pesos; sólo se duplicaría por dos. Una sola casilla, mismos funcionarios para las elecciones federales y locales (el INE iba a pagar 150 pesos y el IEPC 150 a cada uno de ellos), un solo listado; ahora esta lista no sirve, habrá que elaborar nuevas listas nominales», refiere.
