Una representación de 115 familias desplazadas de Ocosingo, Chenalhó, Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas urgen a las autoridades atención y garantías de seguridad
Jesús Gómez-Sergio Núñez/ASICh
[dropcap]U[/dropcap]n grupo de ciudadanos en representación de 115 familias desplazadas de los municipios de Ocosingo, Chenalhó, Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas se instalaron en plantón infenido frente al Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez.
Las personas desalojadas, adheridas a la organización Frente Campesino Popular de Chiapas, procedentes de los municipios mencionados, marcharon desde el Parque 5 de Mayo, sobre la Avenida Central hasta llegar al zócalo de la ciudad, donde se han plantado para exigir el regreso a sus lugares de origen y la libertad a presos políticos.
Romeo Farrera Vicente, dirigente estatal del Frente Campesino Popular de Chiapas, dio a conocer que en el plantón se encuentran ocho familias desplazadas en el año 2009 del ejido Cintalapa perteneciente al municipio de Ocosingo, 10 familias del año 2015 del ejido Tenango del municipio de Ocosingo, así como familias de los municipios de Chenalhó y Zinacantán, además del ejido Santa Catarina del municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Reveló que en el caso del ejido Cintalapa, donde se registraron cuatro violaciones tumultuarias a mujeres, se desconoce el motivo por el que las desplazaron, y que hasta ahora la Fiscalía General del Estado aún no termina de integrar la AP 770/2009, ni tampoco de consignar la AP por el caso de las familias de Tenango, por delitos de secuestro y daños cometidos a una pareja de la tercera edad y niños que estuvieron retenidos sin alimentos por parte de los agresores que los expulsaron.
En tanto, sostienen que enviaron un mensaje al gobierno del estado donde dicen que intentan hacer uso de la Constitución local en el capítulo 1º de los Derechos Humanos; del artículo tres donde establece que el estado de Chiapas tiene la obligación de promover y respetar todos los Derechos Humanos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales, así como garantizar en su ejercicio libre para asegurar la protección más amplia de toda persona.
Mencionó que el artículo 10 establece que las autoridades garantizarán que los desplazados gozarán de condiciones satisfactorias de vida, incluyendo el derecho de seguridad salud e higiene; que gozarán al menos de alimentos indispensables, agua potable, cobijos y a los alojamientos básicos, vestido adecuado indispensable y educación básica obligatoria.
Ante el incumplimiento del Estado en cuanto a la atención de estas familias, demandan una reunión con el Consejo Estatal de Desplazamiento Interno, con la presencia de los representantes de las poblaciones desalojadas, para buscar solución al problema.
Finalmente, dijo que ellos quieren formar un Frente de Desplazados del Estado de Chiapas, para poder coordinar los recursos financieros humanos y materiales de los desplazados.
