A nivel nacional, sólo el 1.3 por ciento de delitos tiene probabilidad de ser resueltos. En Chiapas, la estadística con respecto a esta problemática registra el menor porcentaje de efectividad con cifras menores al 0.6 por ciento
Lucero Natarén / Aquínoticias
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha evidenciado los insuficientes resultados de procuradurías y fiscalías en materia de esclarecimiento de delitos. De acuerdo con el Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales en Materia de Procuración y Administración de Justicia, presentado por el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, en el país existe una crisis de impunidad e inseguridad.
Conforme al estudio, a nivel nacional, hay 1.3 por ciento de probabilidad que se esclarezca un delito. No obstante, en Chiapas, sólo un 0.6 por ciento de estos casos se resuelven. Significa que existen «dificultades materiales y técnicas que les impiden llevar a cabo los procesos que demanda un sistema de justicia de corte acusatorio», refirió González Pérez.
Según datos del Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia del Inegi, el índice de efectividad en la resolución de carpetas de investigación en 2019 a nivel nacional es del 19.4 por ciento, pero en Chiapas las cifras son menores al 10 por ciento.
Conforme al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la entidad se abrieron 46 mil 648 expedientes en el 2018, sin embargo, sólo se concluyeron 25 mil 229, es decir, por concluir existe un 45.91 por ciento.
El Ombudsperson señaló que, «la falta de plena autonomía de procuradurías y fiscalías, la debilidad de sus servicios profesionales y la estructura heterogénea, impiden llevar a cabo los procesos de un sistema de justicia de corte acusatorio, ocasionando que se violen los derechos humanos».
Esta situación evidencia que en los estados se carece de un modelo que permita articular los roles, las competencias, el marco de actuación y los objetivos en las instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia, «esto incide directamente en la eficacia de las policías, ministerios públicos y jueces».
