Lo último y lo más sospechoso en torno al fallecimiento de dos niños originario de la comunidad La Pimienta, municipio de Simojovel, es la aseveración del director general del IMSS José Antonio González Anaya, en el sentido de que las muertes de los infantes se debieron a «factores externos» y no al hecho de que los componentes químicos de las vacunas contra la Hepatitis B, estaban defectuosas, alteradas, malas, dañadas, o como se le quiera entender.
Aquí ocurre aquello que reza: «hecha fama y acuéstate a dormir», y en torno a tan lamentables acontecimientos, no basta con el hecho de que el funcionario en cuestión asevere ambiguamente que fueron «factores externos» los que provocaron el fatal desenlace. Lo que se necesita y a la voz de ya, es la presentación de un informe detallado, avalado técnica y científicamente por instancias que no sea el propio Instituto, de ser posible por la UNAM u otra institución de reconocido prestigio nacional. Solo así se recobrará la credibilidad en esa institución de por si con credibilidad maltrecha y deteriorada en grado extremo.
Los traspiés del IMSS.
Ante lo sucedido producto de la aplicación de las vacunas, destacándose el internamiento médico de 26 niños de esa empobrecida comunidad—varios de los cuales han sido dados de alta, pero seis más permanecen graves en el Hospital Pediátrico Dr. Gilberto Gómez Maza de la capital del estado—lo que la opinión pública y la sociedad en general clama es que se hable con estricto apego a la verdad, sin afanes de encubrimiento ni dilaciones de ninguna especie.
Los informes dados a conocer por el IMSS conforme transcurren las horas son confusos y se limitan a intentar excluirlo de toda responsabilidad, lo que definitivamente no deja satisfecho a nadie.
Sea cual sea el origen de esa anómala situación que derivó en la muerte de los pequeños, necesariamente pasa por esa instancia gubernamental: sea que las citadas vacunas estaban en malas condiciones; hayan sido errores humanos en la aplicación de las mismas, y del mismo modo si, como se aseguró en determinado momento los pacientes muertos hayan sido alérgicos al producto. Y en el caso de los «factores externos», es tan genérica la afirmación que raya en la burla por su propia inconsistencia ya que no explica absolutamente nada, solo distrae, oculta y trata de desvirtuar lo sucedido.
EN CONCRETO.
A modo de editorial.
Respecto a las eventuales violaciones al Código Electoral y de Participación Ciudadana, que es la norma que regula los procesos locales y en su caso el federal que es el COFIPE, corresponde a las dirigencias de los partidos coadyuvar e incluso promover entre su militancia el respeto irrestricto al marco jurídico que nos rige.
Lamentablemente da la impresión que esto no ocurre así, por el contrario, estas dirigencias , no solo solapan sino que en la mayoría de los casos alientan e incluso promueven que diversos actores asuman actitudes transgresoras de la legalidad, lo cual por este motivo las hace corresponsables de las mismas.
Por si solos, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) que le son dependientes, con todo y que se supone poseen la infraestructura material, humana, técnica y financiera para llevar a cabo tareas de vigilancia y regulación, definitivamente no cumplen cabalmente con su cometido y es comprensible por múltiples razones, entre las que destaca las propias limitantes que les impone la propia ley.
Lo que se observa son acciones de complicidad entre actores políticos en su calidad de candidatos o precandidatos y quienes dirigen los partidos, y esto genera una especie de juego perverso que nos lleva a decir concretamente que las leyes producto de los acuerdos parlamentarios con representación partidista, fueron creadas, en el peor de los casos, para intentar socavarlas y violentarlas dada vez que se pueda o cada vez que los árbitros electorales omitan actuar en consecuencia. Más grave resulta, que las propias representaciones partidistas ante el INE o los OPLES, secunden estas conductas lesivas, creándose así una especie de círculo vicioso que literalmente lo podemos denominar: crear leyes para transgredirlas.
Y así surge nuevamente el canal donde se diluye la confianza ciudadana hacia sus instituciones, lo que se transcribe en una soberana bofetada hacia la cada vez más incipiente credibilidad de los electores.
Crear leyes para jugar «al gato y al ratón», definitivamente no creemos es el propósito final del nuevo marco jurídico que con mucho esfuerzo se ha creado para fortalecer el camino sinuoso del tránsito democrático que requiere nuestro país.
Un buen principio de equidad y transparencia, sería el que las propias dirigencias de los partidos establecieran reglas internas claras y precisas: que a los abusivos y adelantados se les cerraran las puertas de postulación. Y Luego el otro gran filtro—el INE y los OPLES– solamente ratificarían el primer paso dado.
Pero no sucede así, y es la hora de preguntar si no es que acaso ¿Estamos jugando el juego de Juan Pirulero?
APUNTES.
IEyPC: más sanciones.
A propósito de sanciones, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó nuevas sanciones por actos anticipados de campaña, en un intento por imponer orden para que el proceso electoral se lleve a cabo con justeza e igualdad de condiciones para todos.
De esta forma, los ciudadanos Jesús Alain Anzueto Robledo de Frontera Comalapa y Sinuhé Toledo Laguna de Tonalá, se hicieron acreedores de amonestaciones públicas, actos que obras en los respectivos expedientes instituidos por actos anticipados de precampaña y difusión de su nombre e imagen con files electorales.
A este respecto vale la pena comentar, que a la fecha son casi 30 las sanciones impuestas por el organismo electoral en este mismo sentido, siendo las más relevantes las recibidas por los señores Reynaldo Mancilla y David Gutiérrez, ambos del municipios de Berriozábal, que entre los dos suman ocho expedientes, todos con acuerdos desfavorables hacia ellos
Y surge nuevas preguntas: ¿Por qué el partido en el que militan los sigue considerando como prospectos aún con estos antecedentes?, entonces: ¿De qué sirven las famosas «amonestaciones públicas» si no poseen coercitividad ni vinculación?. ¿De qué se trata entonces?.
FCC, buenas noticias.
Siguen fluyendo las buenas noticias para el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor. En lo político, el nombramiento que recibió como Secretario de Elecciones del CEN del PVEM, lo coloca en un nivel relevante en el ámbito nacional, pues eso posibilitará que en ese espacio demuestre sus capacidades y aptitudes para fortalecer al Instituto Político al cual pertenece. Es el segundo activo político chiapaneco que se perfila en una posición de tal relevancia, pues primero fue el hoy gobernador Manuel Velasco Coello quien formó y sigue formando parte del Consejo Político Nacional del PVEM.
Y en lo personal, Castellanos Cal y Mayor anunció en su página de Facebook el pasado 12 del presente lo siguiente: «Gracias a Dios ya esta con nosotros Fernandito!!! Con 3.800 kilos nos viene a llenar de dicha, felicidad y muchas bendiciones. Martha como siempre una mamá muy valiente que por tercera vez me hace el hombre más feliz del mundo! Gracias a tod@s por sus buenos deseos y por acompañarnos durante esta etapa de mucha alegría!».
A este respecto, le expresamos nuestro beneplácito por esta misma vía: «El diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, nos anuncia que a su vida llega un nuevo ser, su hijo. Éste acontecimiento lo debe de motivar–y seguramente así es–para que fortalezca sus valores en su desempeño como servidor público. En benéfica y coincidente circunstancia, altamente significativa para él, el fruto de su unión familiar se convierte en un estímulo de gran valía, por lo que desde este modesto espacio nos sumamos al regocijo y la felicidad que siente por este hecho, que es el más preciados de los dones humanos».
Va pues nuestra felicitación por estas satisfacciones de vida.
Es todo, gracias.
vmcruzroque@hotmail.com
@victormanuelcru
