Funcionarios son acusados de pedir dinero a personas extranjeras para permitirles ingresar a México; seguridad nacional sería vulnerada, afirma la CODUC
Edwin González
El dirigente municipal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) en Suchiate, José Antonio Pérez Rojas, denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración venden documentación oficial para permitir el paso por México a personas en condición de migrante.
El líder social acusó al subdirector de Operación, Seguridad y Custodia del Instituto Nacional de Migración, José Antonio N y Alma Rosa N quienes presuntamente son los encargados de expedir firmar dichos documentos de regularización que permite transitar por territorio mexicano a migrantes cubanos y africanos.
Dijo que aparte de que en las explanadas del INM se negocian con estos documentos, también los mismos ya son vendidos y comercializados en la frontera de Tecun Uman, San Marcos, Guatemala por los mismos polleros o traficantes de indocumentados a un promedio entre los 1500 y tres mil dólares.
Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación abusan de sus puestos al expedir en demasía dicho documento que permite a las personas transitar por México y llegar, en la mayoría de los casos a Estados Unidos, por lo que derivado de esto, los migrantes de nacionalidad restringida buscan esta frontera sur para entrar al país obtener de manera ilegal el documento para así llegar a su destino.
Asimismo, señalan también a Indira Karina N, quien cubre el cargo de delegada local dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI, un sitio cuyo fin es dar alojamiento y protección a las personas que llegan con fines de deportación a Tapachula y que en últimas fechas ha sido evidenciada las condiciones que existen de violencia a los derechos humanos.
Explicaron que estos funcionarios públicos aprovechan la necesidad de las personas para que paguen cantidades que superan hasta los 50 mil pesos, por lo que piden la intervención de los mandos superiores.
Además, remarcaron, la situación vulnera la seguridad nacional de México, ya que se presentan casos de personas que llegan directo a pagar la suma de dinero y a quienes se les entrega su documento sin revisar si tienen o no antecedentes penales o alguna situación que pueda derivar en la consecución de un delito.
Los mismos funcionarios, se explicó a través de las declaraciones, llaman a los familiares de los internos para exigirles cantidades cercanas a los mil dólares a cambio de permitir a la persona en condición migratoria continuar su camino.
Por otro lado, recalcaron la situación precaria que se vive en las instalaciones ubicadas en Tapachula, donde los hacen dormir en el suelo, los tratan con palabras altisonantes y no se les otorga acceso a la salud y a estar comunicados, lo que atenta contra sus garantías universales.
Cabe mencionar que estas personas de nacionalidad restringidas al momento de avanzar a los Estados Unidos no llevan ningún documento oficial como visa o pasaporte, por lo que no se tiene un control sanitario ni de seguridad pública
Por último indicó que esta situación afecta también a personas, empresarios, hombres de negocios mexicanos que desean viajar al Distrito Federal u otro estado del norte porque no encuentran cupo, ya que en las aeronaves en todos los horarios viajan entre los 30 a 50 migrantes cubanos y africanos, por esto exigen que las autoridades de la Secretaria de Gobernación, autoridades Federales, y al mismo Delegado del Instituto Nacional de Migración hagan una minuciosa investigación sobre estos hechos que pone entre dicho la seguridad Nacional.
(Con información de Asich)
