INM y COMAR violaron derechos de mujer migrante

La CNDH emitió una recomendación por este caso en el que hubo una víctima de trata

Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias 

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 83/2020 al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y al Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Andrés Alfonso Ramírez Silva, por violaciones a los Derechos Humanos (DH) de una mujer extranjera, víctima de trata de personas con fines de explotación sexual.

De acuerdo con un comunicado emitido este 5 de enero, la CNDH dijo que recibió una queja en la que se señaló que desde el 14 de julio de 2018, una mujer migrante (cuya nacionalidad no se informó) permanecía privada de su libertad en la Estación Migratoria «Las Agujas» de la Ciudad de México.

La mujer fue recluida a pesar de ser víctima de trata, estar casada con un mexicano y de haber solicitado el reconocimiento de la condición de refugiada, condiciones que, de acuerdo con la Ley de Migración, impiden que una persona sea recluida en los centros de detención para migrantes y obligan al gobierno federal a garantizarle mayor protección a sus derechos.

La CNDH determinó que, durante su ingreso a la Estación Migratoria, la víctima se encontraba en condiciones de «vulnerabilidad múltiple», al haber sufrido violencia sexual y ser persona migrante. A pesar de ello, «personal del INM fue omiso en su obligación de detectar e identificarla como víctima de delito; no llevó a cabo un análisis para brindarle una atención oportuna y eficaz; tampoco le informó sus derechos, ni le garantizó el ejercicio de éstos. Contrario a lo dispuesto por la legislación migratoria y, violentando sus derechos fundamentales, se le mantuvo detenida de forma arbitraria en el recinto migratorio, sin atención médica especializada ni asistencia psicológica», declaró la CNDH.

Respecto a la COMAR, la CNDH dijo que se acreditó que ésta tuvo conocimiento de que la solicitante de la condición de refugiada era una víctima de delito, por lo que debió actuar con inmediatez, pero, por el contrario, demoró ocho días para recabarle una «solicitud» que ya había presentado, y cinco meses y medio para realizar la entrevista de elegibilidad prevista en la ley, tiempo en el que, además, omitió gestionar medidas de asistencia institucional a favor de la agraviada y tampoco se coordinó con el INM para tal efecto.

Por estas omisiones, la CNDH determinó que la víctima presentó «una alteración psicológica, ya que ninguna autoridad le ha podido brindar una adecuada atención».

En la Recomendación, la CNDH ordena al Comisionado del INM y al Coordinador de la COMAR, inscribir a la migrante en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarle la reparación integral por los daños causados, que incluya atención psicológica, médica, asesoría jurídica y una compensación justa y suficiente, además de colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en dichas instancias en contra de los servidores públicos responsables.

Al INM se le solicitó proponer modificaciones al «Protocolo para la Detección, Identificación y Atención a Personas Migrantes Víctimas y/o Posibles Víctimas de Trata de Personas en México», para detectar e identificar a víctimas o posibles víctimas del delito de trata de personas al interior de las Estaciones Migratorias y no sólo durante los procedimientos de verificación y regulación migratoria; impartir cursos de atención victimológica con perspectiva de género.

Además, a la COMAR se le pidió emitir una circular para que, cuando se reciba una solicitud en la que se encuentren involucradas posibles víctimas del delito de trata de personas, ya sea que estén alojadas o no en una Estación Migratoria o estancia provisional, se tomen las medidas oportunas e inmediatas, a fin de detectar sus condiciones de vulnerabilidad, canalizarlas a instituciones especializadas que se les brinden la atención que requieran y efectuar un diagnóstico sobre las capacidades institucionales y procesos de atención a víctimas y/o posibles víctimas del delito de trata de personas.

También se recomendó emitir un protocolo en el que se establezcan las medidas de atención que se deben brindar a personas migrantes víctimas y/o posibles víctimas de trata de personas en México y la impartición de un curso sobre atención victimológica con perspectiva de género en casos de trata de personas.

Esta recomendación se suma a las diversas denuncias formales y públicas que han hecho organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Asylum Access México y otras, por diversas violaciones a los DH que han cometido personas de la Guardia Nacional y personal del INM en las Estaciones Migratorias, especialmente contra personas centroamericanas, durante la pandemia por COVID-19. Entre las violaciones denunciadas son: falta de protocolos sanitarios, retraso en trámites de solicitud de refugio, la muerte de una persona hondureña dentro de los centros de detención, y falta de atención para mujeres embarazadas y víctimas de delitos.

Pese a estos hechos, en su pasado informe de labores al primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México «No se han violado los derechos humanos de migrantes».

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