La ciudadanía no solo es una condición jurídica; es decir, el conjunto de derechos y obligaciones que el Estado reconoce a quienes forman parte de él, sino también una práctica.
Desde la teoría política, T. H. Marshall la describió como un estatus que se despliega en dimensiones civiles, políticas y sociales, pero ninguna de ellas se concreta por solo estar enunciada en la ley. Se es ciudadano por norma y se ejerce la ciudadanía por decisión. Esa diferencia ocupa el centro del sistema político mexicano de cara a las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027.
La calidad de la democracia mexicana no se medirá tanto por el número de cargos en disputa como por la disposición de la sociedad a asumirse como sujeto político.
La participación ciudadana es, en las democracias representativas, el mecanismo que confiere legitimidad al poder y lo somete a control. Robert Dahl, el influyente politólogo estadunidense, señaló que la poliarquía supone elecciones libres y competidas, y la inclusión efectiva de los gobernados en la formación de las decisiones que les atañen. El voto es, pues, la expresión más visible de esa inclusión, aunque no la única ni, quizá, la más exigente.
Entre elegir representantes y vigilar su desempeño existe un amplio repertorio de prácticas (la deliberación pública, la organización, la rendición de cuentas, etc.) sin las cuales el sufragio se agota en un rito periódico.
Importa subrayar que la participación no se justifica únicamente por sus resultados. Tiene también un valor formativo. Quien se involucra en los asuntos comunes desarrolla lo que Almond y Verba llamaron una cultura cívica: un conjunto de actitudes (confianza, interés, sentido de eficacia política) que sostiene a las instituciones más allá de la coyuntura. Las democracias no se conservan solas, requieren ciudadanos que las habiten y las defiendan. De ahí que las elecciones intermedias, pese a su menor brillo respecto de las presidenciales, sean una prueba reveladora. Ahí, la motivación del voto no descansa en la elección de un titular del Ejecutivo, sino en una valoración más serena del rumbo legislativo y de los gobiernos locales.
La ciudadanía mexicana contemporánea exhibe fortalezas innegables como la conquista del voto libre, una autoridad electoral construida a lo largo de décadas, la alternancia consumada en el año 2000 y una sociedad civil más densa que hace una generación, pero también debilidades que no sería prudente ignorar. La primera es la intermitencia. La participación suele descender de manera clara en las elecciones de mitad de sexenio, y la primera elección judicial de 2025 ofreció un recordatorio incómodo: cuando la oferta política resulta confusa o lejana, amplios sectores optan por la abstención.
Una segunda debilidad es la persistencia de prácticas que erosionan la autonomía del votante. El clientelismo y las distintas formas de presión sobre el sufragio subsisten en grados diversos y convierten un derecho en mercancía. A ello se suma una cultura política aún marcada por el personalismo.
Un tercer riesgo, más reciente, es la polarización. La división del electorado en bloques que se perciben irreconciliables tiende a transformar el desacuerdo legítimo en hostilidad y la deliberación en confrontación. Una ciudadanía polarizada vota con intensidad, pero escucha poco; participa, pero no siempre dialoga.
No conviene caer ni en el pesimismo. La ciudadanía mexicana ha mostrado, en momentos decisivos, una capacidad notable para movilizarse y para corregir el rumbo por vías institucionales, pero esa capacidad no es un patrimonio garantizado.
Las elecciones de 2027 no decidirán únicamente la composición de la Cámara de Diputados o el signo partidista de diecisiete gubernaturas; pondrán a prueba si la sociedad entiende la ciudadanía como una posesión inmóvil o como una tarea que exige ejercicio constante.
A la democracia no la sostienen las instituciones por sí solas, sino la ciudadanía que decide tomarla en serio. Conviene recordarlo antes, y no después, de la jornada electoral.
