Por Edgar Monribot
Pocas decisiones públicas revelan tanto sobre un proyecto de nación como la forma en que se educa a las nuevas generaciones. Cuando José Vasconcelos sentó las bases de la enseñanza pública en 1921, México seguía siendo mayoritariamente rural y con una tasa de analfabetismo cercana al 70%. Frente a esa realidad, la educación fue concebida como una responsabilidad central del Estado y como una herramienta para ampliar oportunidades y construir una identidad compartida.
El proyecto buscó articular la enseñanza científica y técnica, el acceso a los libros de texto y las bellas artes. Parte de esa concepción contribuyó a dar forma al nacionalismo revolucionario que marcaría las décadas siguientes. Las Misiones Culturales llevaron educación a comunidades rurales; se impulsó la edición de clásicos literarios y la creación de bibliotecas; y el muralismo de Rivera, Siqueiros, Orozco y otros convirtió al arte en una herramienta de formación pública, esa vocación perduró durante décadas: incluso los libros de texto acercaron a millones de estudiantes al patrimonio artístico del país a través de sus portadas.
Aquel proyecto no estuvo exento de contradicciones y fue objeto de múltiples transformaciones. Sin embargo, contribuyó a consolidar un piso común de acceso al conocimiento, reducir el analfabetismo a menos del 4% y ampliar las posibilidades de movilidad social que acompañaron la expansión de las clases medias mexicanas.
Los gobiernos pueden transformar modelos, replantear enfoques y modificar instrumentos conforme cambia el país; lo que no pueden eludir es la obligación del Estado de garantizar que niñas, niños y jóvenes aprendan. Por ello, toda reforma educativa debe definir con claridad los conocimientos y capacidades que la escuela pública está obligada a asegurar a todos, independientemente de su origen o condición social.
Los resultados de PISA 2025 ofrecen un diagnóstico útil para valorar los pendientes del sistema educativo. Coordinada por la OCDE, la prueba evalúa a jóvenes de 15 años y mide su capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, lectura y ciencias.
México obtuvo resultados por debajo del promedio de la OCDE: sólo 30% alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, es decir, siete de cada diez estudiantes quedaron por debajo; en lectura y ciencias, cerca de la mitad tampoco alcanzó ese umbral. La tendencia también es preocupante: frente a 2015, la proporción de estudiantes por debajo del nivel mínimo aumentó 13 puntos porcentuales en matemáticas y ocho en lectura; en ciencias no hubo cambios significativos.
Si bien la Nueva Escuela Mexicana constituye hoy el marco del sistema educativo, su incidencia en estos resultados todavía es limitada. La mayor parte de la trayectoria escolar de los jóvenes evaluados transcurrió bajo planes anteriores, estructurados en torno a competencias y aprendizajes esperados; atravesaron los efectos de la pandemia y, como reconoce la propia OCDE, en la última década también aumentó la incorporación al sistema educativo de adolescentes provenientes de sectores históricamente marginados. Es por ello que los resultados de PISA deben entenderse como un diagnóstico de rezagos acumulados y, al mismo tiempo, como una referencia para preguntarnos si el rumbo actual ofrece las respuestas que esos rezagos exigen.
Ahí radica una diferencia importante entre ambos modelos. El currículo anterior preservaba una organización por asignaturas y progresiones disciplinares claramente identificables. La Nueva Escuela Mexicana no eliminó esas disciplinas, pero las reorganizó otorgando mayor peso a la integración de saberes y el vínculo con la comunidad. La propuesta tiene elementos valiosos: aprender también significa comprender el entorno y relacionar conocimientos. El desafío consiste en evitar que esa integración reduzca la profundidad, continuidad y claridad con que deben aprenderse matemáticas, ciencias, lectura, humanidades y artes.
La ruta no es volver al pasado, sino combinar lo mejor de ambos enfoques: preservar la contextualización y el trabajo interdisciplinario, pero con objetivos claros, progresiones verificables, evaluación constante y apoyos específicos para quienes más lo necesitan.
PISA no debe dictar el rumbo de la educación mexicana, pero tampoco puede ignorarse cuando evidencia rezagos que el Estado está obligado a atender. El actual gobierno tiene la oportunidad de colocar nuevamente a la educación en el centro de un proyecto estratégico de desarrollo humano y social para el presente y el futuro del país. Una política educativa no se legitima por la profundidad de su discurso ni por la magnitud de sus reformas, sino por sus resultados: que todos aprendan más, que nadie quede atrás y que la escuela pública siga siendo el principal instrumento para igualar oportunidades.
