México registró 6 mil 562 víctimas entre enero y junio de 2026. El delito crece mientras otras conductas de alto impacto retroceden y siete de cada diez casos registrados ya ocurren a distancia
AquíNoticias Staff
La extorsión se está moviendo por dos caminos al mismo tiempo: crece en los registros oficiales y se adapta a un entorno donde el delincuente ya no necesita estar frente a la víctima.
Entre enero y junio de 2026 fueron registradas 6 mil 562 víctimas de extorsión en México, 551 más que en el mismo periodo de 2025. El aumento anual fue de 9.17% y representa, de acuerdo con el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años.
El dato adquiere otra dimensión porque el crecimiento no está concentrado en unas cuantas entidades: 19 estados reportaron más víctimas que un año antes y 12 alcanzaron su máximo para un primer semestre dentro de la serie de 11 años analizada por Coparmex.
El teléfono se convirtió en territorio de la extorsión
La transformación más relevante aparece en la forma de cometer el delito.
De acuerdo con la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, siete de cada diez extorsiones registradas durante el semestre fueron realizadas a distancia, mediante teléfono, internet o redes sociales. Dos de cada diez fueron presenciales y el resto correspondió a tentativas.
El dato modifica la imagen tradicional del problema. La extorsión sigue alcanzando negocios y personas físicamente, pero una parte mayoritaria de los registros ya circula por dispositivos y plataformas que permiten operar desde otro lugar.
El propio reporte señala además diferencias entre las entidades en la adopción del nuevo criterio de registro: 13 estados superaron el promedio nacional de 14% de tentativas, entre ellos Campeche, Aguascalientes y Tabasco.
Chihuahua crece 2,325%; el dato necesita contexto
Las variaciones porcentuales muestran movimientos particularmente fuertes.
Chihuahua pasó de cuatro víctimas en el primer semestre de 2025 a 97 en 2026, un incremento de 2,325%. Zacatecas subió de 35 a 228, equivalente a 551.4%; Yucatán pasó de una a cinco víctimas, y Tabasco, de 82 a 233.
Los porcentajes, sin embargo, deben leerse junto con los números absolutos: un crecimiento muy elevado puede partir de una base pequeña, como ocurre en Chihuahua y, con mayor claridad, en Yucatán.
Otra medición permite observar dónde pesa más el delito en relación con la población. Las mayores tasas estatales fueron las de Morelos, con 18.8 víctimas por cada 100 mil habitantes; Querétaro, con 15.5; Zacatecas, 13.2; Ciudad de México, 12.7; y Baja California Sur, 12.4.
En el nivel municipal sobresale Cuautla, Morelos, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes. Además, la mitad de los 20 municipios o demarcaciones con mayores tasas se concentra en dos entidades: cinco municipios de Guanajuato y cinco alcaldías de Ciudad de México.
El problema que las denuncias apenas alcanzan a mostrar
La estadística oficial tiene un límite especialmente importante en este delito: la cifra negra.
Coparmex, con base en información del INEGI, sitúa en 97% la proporción de extorsiones que no llegan a denunciarse o registrarse, por lo que las carpetas y víctimas contabilizadas representan únicamente una porción del fenómeno.
La cifra requiere una precisión metodológica: ese 97% no corresponde a una medición de las extorsiones ocurridas específicamente durante el primer semestre de 2026. Procede de información de victimización del INEGI utilizada por Coparmex para dimensionar el subregistro. La ENVIPE 2025 estimó, para el conjunto de los delitos ocurridos en 2024, una cifra negra nacional de 93.2%.
Por eso, las 6 mil 562 víctimas registradas y el 97% de cifra oculta no pueden sumarse mecánicamente para calcular cuántas extorsiones ocurrieron en 2026: proceden de instrumentos estadísticos distintos.
Una anomalía dentro de la tendencia delictiva
Coparmex coloca la extorsión como el único delito al alza entre las conductas de alto impacto incluidas en su comparación semestral.
Su monitor reporta reducciones en homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo a negocio, robo a transportista y robo de vehículo, mientras la extorsión aumentó 9.17%.
Ese contraste convierte al delito en un problema particular para la política de seguridad: aunque otros indicadores mejoren, la extorsión puede seguir deteriorando la vida económica cotidiana porque actúa directamente sobre personas, comercios, productores y empresas.
La ley ya existe; ahora viene la implementación
México cuenta desde noviembre de 2025 con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de ese año. La norma estableció un tipo penal aplicable en todo el país y dispuso que la extorsión sea investigada y perseguida de oficio.
La legislación también ordena que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales dispongan de unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados y especializados en extorsión.
Y coloca uno de los focos en las cárceles: el artículo 38 obliga a los centros penitenciarios a establecer tecnologías y procedimientos para inhibir llamadas de telefonía celular y otras transmisiones de voz, datos o imagen dentro de sus perímetros.
Coparmex exige ahora homologar las legislaciones locales, dotar de presupuesto suficiente a las unidades especializadas, instalar los sistemas de inhibición en centros penitenciarios y verificar que las obligaciones legales efectivamente se cumplan.
La discusión, por tanto, ya no ocurre únicamente alrededor de nuevas penas. El país tiene una ley nacional y un delito que sigue creciendo. La brecha que queda por observar está entre lo escrito en la norma y la capacidad real de las instituciones para investigar un fenómeno que, siete de cada diez veces, ya llega desde una pantalla o una llamada.
