América Latina padece una enfermedad crónica que parece que ha dejado de alarmar a la sociedad con la urgencia que amerita. Se suele mirar el bajo crecimiento económico como el origen de los males de la región, cuando en realidad es el síntoma de una estructura productiva fracturada.
El reciente Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, publicado por la CEPAL, pone el dedo en la llaga al plantear que la región se encuentra atrapada en una trampa de baja capacidad para crecer. Las proyecciones no son alentadoras, ya que se estima que el producto interno bruto regional crecerá apenas un 2.2 por ciento en 2026. Sin embargo, la mayor aportación del documento no es el diagnóstico coyuntural, sino la disección de uno de los mecanismos que perpetúan este estancamiento: la informalidad.
De forma histórica, se ha entendido la informalidad como una falla del mercado laboral o un déficit en la red de protección social. El informe invita a cambiar esta concepción para observarla como una severa restricción estructural que asfixia la inversión, anula el crecimiento de la productividad y cancela la generación de empleos de calidad. La informalidad es la causa directa que condena al bajo crecimiento, limitando la capacidad del Estado para recaudar y la efectividad de las políticas públicas.
Durante el espejismo del auge de las materias primas, entre 2000 y 2013, la región experimentó una reducción significativa de la informalidad, a la par de una expansión del empleo asalariado formal y empresas de mayor tamaño; sin embargo, este proceso se detuvo en 2014, marcando el inicio de lo que se califica como una segunda década perdida, que se caracterizó por un crecimiento bajo y una productividad estancada.
Hoy, las cifras son elocuentes y revelan que cerca de la mitad de las personas ocupadas en América Latina y el Caribe subsisten en actividades informales. Esto demuestra que los avances de principios de siglo dependieron del dinamismo económico externo y no estuvieron acompañados por transformaciones estructurales profundas y persistentes.
El drama de esta economía dual es que el crecimiento no rinde los mismos frutos para todos. Cuando la economía se expande, el sector formal logra traducir ese impulso en ganancias de productividad rápidas y duraderas, porque las empresas tienen la capacidad de aprovechar economías de escala, adoptar innovaciones, acumular capacidades y acceder a financiamiento. En contraste, en el inmenso sector informal, los efectos del crecimiento son débiles y transitorios. Las unidades productivas informales operan con barreras tecnológicas y financieras que les resulta imposible encadenarse a mercados de mayor valor agregado.
Reducir la informalidad exige ir más allá de simples flexibilizaciones regulatorias o incentivos administrativos centrados en lo tributario. Lo que se requiere es una estrategia integral de formalización productiva enfocada en aumentar las capacidades de las personas y las empresas. Esto implica una articulación profunda de las políticas laborales, fiscales, financieras y de desarrollo productivo.
El Estado debe recuperar su capacidad de conducción para fomentar la asimilación tecnológica, facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, y reestructurar el financiamiento.
La formalización productiva no es un trámite burocrático, significa el componente esencial de una nueva estrategia de desarrollo para transformar la estructura económica regional.
