La transparencia, ausente en la contienda electoral de Chiapas / Hector Estrada

Acorde a los vergonzosos niveles de transparencia en las instituciones del país y muy lejos de las promesas proselitistas sobre «cuentas claras» en la función pública, hoy en Chiapas más del 90 por ciento de los candidatos a un cargo legislativo federal ha decidido no hacer pública su declaración patrimonial.
Como se ha hecho habitual en los procesos electorales, en la entidad chiapaneca los aspirantes se han enfrascado nuevamente en guerras de acusaciones y señalamientos sobre casos de corrupción, impunidad y falta de transparencia en los gobiernos o figuras públicas pertenecientes a los partidos políticos contrarios.
Se trata de las mismas estrategias para legitimar una candidatura y gestar credibilidad entre tanta denuncia «ajusticiadora». No obstante, la realidad es que muchos de los que ahora caminan bajo la exigencia de transparencia y cuentas claras ni siquiera han sido capaces de predicar con el ejemplo.
Como muestra de tanta contradicción «electorera» se encuentran los resultados logrados hasta el momento por la iniciativa «Tres de Tres». La idea impulsada por el senador Zoé Robledo Aburto busca justamente transparentar las candidaturas de frente a la ciudadanía.
«Tres de Tres», avalada por Transparencia Mexicana, se trata de un compromiso moral por parte de los candidatos para presentar y hacer pública su declaración patrimonial sin reservas, sus declaraciones de pagos de impuestos de los últimos años y su declaración de posibles conflictos de intereses.
Sin embargo; con todo y el campo de oportunidades que ofrece la iniciativa para generar confianza en el electorado, en Chiapas únicamente cinco de los 108 candidatos que contienden para una diputación federal se han sumado a Tres de Tres con la publicación de los documentos correspondientes.
Algo similar sucede con el espacio digital «Candidatas y Candidatos ¡Conócelos!», habilitado por el Instituto Nacional Electoral en su página oficial www.ine.mx, donde sólo 16 de 108 candidatos en Chiapas han publicado su información personal y trayectoria política. Los demás simplemente tienen su información curricular en el anonimato a menos de 28 días de las elecciones.
Y es que, aunque la ley federal contempla la entrega de la declaración patrimonial a las instancias correspondientes, convenientemente para la clase política, actualmente no existe reglamentación que obligue a los candidatos a hacer públicos dichos documentos.
Los datos hablan por sí solos. Expresan la realidad vergonzosa de la forma de hacer políticas en México y sus protagonistas, donde la transparencia sigue siendo sólo parte de los discursos y los buenos deseos a la hora de buscar los votos.
En Chiapas el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) apenas aprobó los lineamientos para obligar a los candidatos a diputados locales y presidentes municipales para presentar su declaración patrimonial con multas mínimas de 34 mil pesos, en caso de no cumplir con dicha disposición estatal; pero nuevamente se omitió la obligación de hacer pública dicha información.
Con los modelos de «discrecionalidad conveniente» para la clase política nacional, lamentablemente hoy la transparencia en los procesos electorales de México sigue siendo una opción personal de cada candidato, una herramienta inverosímil en propuestas y discursos políticos cada vez más carentes de realidad.